Nueve frente judicial para el eurodiputado Alvise Pérez, líder de la agrupación Se Acabó La Fiesta (SALF). Días después de que la Audiencia Nacional le abriera una investigación por financiación ilegal de partidos, el Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid ha remitido al Tribunal Supremo una denuncia contra él por un presunto delito de desórdenes públicos que habría cometido en noviembre en el marco de las protestas ultra en la calle Ferraz en contra de la investidura de Pedro Sánchez. Como Alvise Pérez es miembro del Parlamento Europeo desde el pasado mes de junio, está aforado y, por lo tanto, el juez ha elevado una exposición razonada al Alto Tribunal para que sea el Supremo el que continúe la investigación.
En concreto, el magistrado relata que el 16 de noviembre tuvo entrada en el juzgado un oficio del 8 de noviembre de la Comisaria General de Información poniendo en conocimiento “hechos que pudieran ser constitutivos de un presunto delito de desórdenes públicos”. El juez Hermenegildo Barrera considera que existen “indicios de culpabilidad” que llevaron a admitir la denuncia por “entender que la persona identificada pudiera ser autora del hecho delictivo de desórdenes públicos”. Para el “total esclarecimiento” de los hechos, pide al Tribunal Supremo que cite a Alvise Pérez como investigado.
Las protestas en la calle Ferraz de Madrid, donde el PSOE tiene la sede del partido, se desencadenaron a principios del mes de noviembre del año pasado a raíz de los acuerdos entre el PSOE y el independentismo para la investidura de Pedro Sánchez a cambio de la ley de amnistía. Especialmente durante dos semanas, centenares de ultras se concentraron convocados por movimientos españolistas radicales y periodistas de ultraderecha. En las concentraciones, que contaron con la presencia de líderes de Vox, hubo decenas de detenidos y heridos, se sintieron proclamas fascistas e, incluso, la policía española tuvo que utilizar gases lacrimógenos.
La Audiencia Nacional lo investiga por financiación ilegal de partidos
Justo la semana pasada, la Audiencia Nacional informó que investigará a Alvise Pérez por un delito de financiación ilegal de partidos políticos por haber recibido 100.000 euros en metálico del empresario a Álvaro Romillo, que hizo una donación a su campaña para las elecciones europeas a cambio de favores políticos. El juez José Luis Calama admitió una denuncia presentada por Romillo, investigado a la supuesta estafa piramidal de Madeira Invest, contra el eurodiputado y acordó abrir una pieza separada independiente de la causa principal. En su auto, el juez apuntaba que la actuación de Alvise en la promoción de la actividad presuntamente ilícita realizada a través del entramado financiero generado en torno a Madeira Invest Club pudiera dar lugar a su consideración como cooperador necesario en el delito de estafa agravada.
El Tribunal Supremo estudia la querella de Salvador Illa contra Alvise Pérez por falsedad e injurias
Asimismo, en octubre, el Tribunal Supremo recibió la querella que presentó Salvador Illa contra Alvise Pérez por haber publicado en las redes sociales una falsa PCR positiva de Covid-19 durante el debate electoral que se emitió La Sexta en el marco de las elecciones catalanas del 14 de febrero de 2021. Alvise Pérez declaró como investigado ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 33 de Barcelona para responder de la acusación de falsedad en documento privado e injurias. Posteriormente, se convirtió en aforado y la causa se elevó al Alto Tribunal.