El instructor del Tribunal Supremo de la causa contra el fiscal general del Estado no se rinde. El juez Ángel Hurtado ha requerido un nuevo informe a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la posibilidad de recuperar el contenido de los mensajes de dos números de teléfonos móviles vinculados a Álvaro García Ortiz, según ha comunicado el tribunal este martes. En concreto, el magistrado Hurtado ha dictado hoy una resolución en la cual requiere  a la UCO que informe sobre la posibilidad de recuperar el contenido vinculado a las aplicaciones de mensajería instantánea que pudieran haber existido asociadas a dos números de abonados de telefonía móvil vinculados al fiscal general del Estado.

La Guardia Civil informó recientemente de que el fiscal general cambió de móvil una semana después que el Supremo aceptara investigarlo por un delito de revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso. En el registro en el despacho del fiscal general, los agentes encontraron dos números de teléfono: uno que es titular García Ortiz y el segundo  a nombre de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, que depende del Ministerio de Hacienda. Inicialmente, se indicó que no  había ningún  mensaje del fiscal general con la fiscal en jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, también investigada por supuestamente haber difundido a la prensa unos correos electrónicos del fiscal de Delitos Económicos y el abogado de Alberto González Amador, que admitía ser autor de dos delitos fiscales para evitar ir a la prisión.

Reclamo a las operadoras

En la misma resolución, el instructor de la causa contra el fiscal general solicita a dos operadoras telefónicas Movistar y Vodafone que faciliten los datos de tráfico de llamadas emitidas y recibimientos, así como los titulares de las líneas que las reciben y emiten, y los paquetes de datos emitidos y recibimientos, así como la identificación del receptor y el emisor, de los mismos números de teléfono. Todo limitado al período entre el 8 de marzo y el 14 de marzo del 2024, los dos días incluidos.

 


Negativa a ampliar la investigación

En una segunda resolución, el juez Hurtado rechaza el recurso de reforma planteado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que es una de las acusaciones populares en la causa, contra la decisión del magistrado de delimitar la investigación a las fechas que abarcan del 8 al 14 de marzo de 2024.

 

El magistrado también rechaza la  demanda de las defensas del fiscal general del Estado y de la fiscal en jefe de Madrid que solo se limite la investigación a 12 horas: entre las 22 horas del martes 13 a las 10.20 del día 14, que se indica que es cuando García Ortiz recibe el expediente de la pareja de Ayuso. El juez argumenta que las comunicaciones en estas fechas es el resultado de una comunicación previa.

La acusación popular pedía ampliar el plazo de la investigación al del 20 de febrero, día en que la Fiscalía  denunció a González Amador a los juzgados. El juez del Supremo, pero, sostiene que “es muy frágil la sospecha que permita relacionarla con alguna que pudiera tener que ver con la dinámica delictiva que se investiga". Y a la vez descarta ampliar el plazo  final fijado en el 14 de marzo, al asegurar que no se dan argumentos concretos, a pesar de que recuerda que este límite es para hacer la pericial y análisis de los móviles. Es decir, que más adelante el juez podría usar los datos de los móviles que está en poder del juzgado.