Los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina, protagonistas del caso Mascaretes han sido procesados por el juez Adolfo Carretero por los delitos de estafa agravada y falsedad documental en el Ayuntamiento de Madrid por la venta de material sanitario en plena pandemia de la covid. Según el acto, Luceño se enfrenta también a cargos por falsedad en documento mercantil y delito fiscal. A pesar de las acusaciones, ninguno de los dos será procesado por delito de blanqueo de capitales, ya que el juez determinó que no trataron de ocultar el dinero percibido de las comisiones ni intentaron hacerlo desaparecer. El magistrado ha transformado las diligencias en procedimiento abreviado para la celebración de un juicio, y ahora las partes personadas tendrán que decidir si solicitan el archivo o la apertura de juicio oral.

Así pues, después de casi un año de investigación judicial, el juez de instrucción número 47 de Madrid ha concluido las pesquisas en el supuesto de que antes dirigía en secreto la Fiscalía Anticorrupción, procesando a los dos únicos imputados de la causa: Luis Medina i Alberto Luceño. Medina es acusado de estafa agraviada y falsedad en documento mercantil, mientras que a Luceño se le imputan los mismos delitos, además de falsedad en documento público y un delito fiscal agraviado. Sin embargo, el juez no ha encontrado pruebas suficientes para procesarlos por blanqueo de capitales, puesto que según el acto, no intentaron ocultar ni hacer desaparecer el dinero obtenido de las comisiones, que ascendían a 6,1 millones de dólares. El acto es recurrible.

Falsedad documental

El juez ha dictaminado que la Policía ha confirmado la falsificación de documentos elaborados por el acusado, Luceño, para justificar los ingresos obtenidos y ocultar el engaño que rodea toda la operación. Además de simular la firma del empresario malasio propietario de Leno, San Chin Choon, se encontraron instrucciones escritas que presuntamente Luceño le dio a Choon sobre las respuestas que debía dar en la comisión rogatoria del juez, quien ofreció al empresario la posibilidad de declarar en España, pero no se ha podido interrogarlo. El juez también destaca que se encontraron en el registro de su casa varios documentos relacionados con la venta de material sanitario, con diversas versiones y modificaciones, como una carta del alcalde y un certificado del hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, que fueron alterados. También se halló un certificado emitido por el director general de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento, donde se añadió "agente oficial del Gobierno chino".

Además, el juez propone juzgar a Luceño por un delito fiscal, ya que no ha pagado a Hacienda más de 1,3 millones de euros en comisiones. Por otro lado, exonera al investigado Medina del delito de alzamiento de bienes. En resumen, el juez concluye que Luceño falsificó varios documentos para justificar sus ingresos y ocultar el engaño detrás de su operación, y propone que se le juzgue por delitos fiscales, mientras que exculpa a Medina de los cargos.

Cronología del caso mascarillas

El marzo de 2020, durante el peor momento de la pandemia de la covid en España, Luis Medina i Alberto Luceño aprovecharon la necesidad del Ayuntamiento de Madrid para obtener material sanitario y, según el juez del caso, urdieron un plan para obtener beneficio económico a expensas del erario municipal. Los investigados hicieron la función de mediadores en la compra de material sanitario a una empresa de Malasia y cobraron altísimas comisiones que ocultaron al ayuntamiento de la capital española, gobernado por José Luis Martínez Almeida. Luceño fue el principal gestor del plan, mientras que Medina hizo valer su condición de personaje público y famos, al ser hijo del duque de Feria y de Naty Abascal. A través de su amistad con una directora universitaria, Medina obtuvo el teléfono del primo del alcalde, quien consiguió que la coordinadora del Ayuntamiento, Matilde García, le facilitara el contacto de la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos, Elena Collado, responsable de compras y quienes se tenía que encargar de comprar el material sanitario que necesitaba el ayuntamiento en aquel momento.

Actuando al margen del procedimiento oficial y con ventaja sobre otros competidores, Luceño fingió tener experiencia en el sector, fábricas en China y ser agente exclusivo a Europa de una empresa de Malasia. Obtuvieron la firma de tres contratos con la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, y el Ayuntamiento abonó 11,9 millones de dólares por un millón de máscaras, 2 millones y medio por guantes y 250.000 maceta rápidos de covid. Sin embargo, los empresarios ocultaron su nula experiencia en el sector y, el que es más grave, hincharon el precio en un 60%, 81% y 71%, respectivamente, por las elevadas comisiones que reportaron a Luceño (5,1 millones de dólares) y Medina (un millón más). Por otro lado, el material que proporcionaron en el Ayuntamiento de Madrid no era de la calidad promesa.