El titular del juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha procesado al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y a una decena de personas, físicas y jurídicas, por posibles delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y presunta elusión fiscal.
En el auto conocido este lunes, el juez Antonio Serrano-Arnal da por concluida la instrucción del caso que desde 2015 investiga el origen del patrimonio del exministro. Entre las conductas bajo sospecha se encuentran los contratos publicitarios de Bankia, origen del presunto delito de corrupción entre particulares, y por los que figuran como procesados Rato y otras doce personas, incluidas las agencias Zenith y Publicis.
El juez Antonio Serrano-Arnal ha acordado transformar las diligencias previas de la instrucción en procedimiento abreviado dando traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la Abogacía del Estado para que en un plazo de 20 días presenten escrito de acusación. La decisión del juzgado madrileño no es firme, ya que las partes podrán presentar recursos de reforma o de apelación en los próximos cinco días.
Rato denuncia una investigación "extrajudicial y prospectiva"
De hecho, la semana pasada el exministro acusó al ministerio fiscal, la Agencia Tributaria y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, así como al Servicio de Prevención del Blanqueo (SEPBLAC), de llevar a cabo una investigación "extrajudicial y prospectiva" en su contra en el marco de la causa que se investiga en el juzgado de instrucción número 31 de Madrid por el presunto origen ilícito de su patrimonio.
Imagen: Rodrigo Rato en una salida de Soto del Real / EFE
En un escrito enviado al juez, denunció que la documentación aportada por la UCO y por la Oficina Antifraude (ONIF) que se entregó a las partes el pasado mes de enero "es la prueba evidente y gráfica de la investigación extrajudicial y prospectiva que se ha venido realizando desde hace más de seis años respecto de la persona de Rodrigo Rato y su entorno más cercano". "En efecto, se ha llevado a cabo una investigación paralela, a espaldas del juzgado y de las defensas, coordinada por la UCO, la AEAT, el SEPBLAC y la representante del ministerio fiscal adscrita a esta causa", ha sostenido la defensa del que fuera vicepresidente del Gobierno.
En consecuencia, solicitó al instructor la nulidad de toda la documentación que formaría parte de esa "investigación paralela", por haberse obtenido, según afirma, sin mandato judicial, por referirse a personas y empresas que "no guardan relación con la presente causa" o por estar relacionada con piezas separadas ya archivadas.
El escándalo de las 'tarjetas black'
El exvicepresidente del Gobierno fue condenado a cuatro años y medio de prisión por el escándalo conocido como el de las tarjetas black, a través de las cuales 86 miembros de Caja Madrid y, posteriormente, Bankia gozaron del dinero que procedía de tarjetas opacas de esta entidad financiera que no declararon a Hacienda. Por este caso, Rato ingresó en la cárcel Soto del Real el 25 de octubre del 2018 y, desde entonces, ha gozado de permisos de salida y del tercer grado.
Imagen: Rodrigo Rato durante un juicio / EFE