Nueva persecución. El titular del juzgado de lo Penal número 1 de Huesca ha abierto la posibilidad a la Fiscalía y a la acusación popular de solicitar la detención del conseller de Cultura Lluis Puig (JuntsxCat) si consideran "imprescindible" su presencia en el juicio que va a celebrar contra él y su antecesor en el cargo, Santi Vila, por el litigio sobre la propiedad de los bienes del Monasterio de Sijena. En su escrito, el magistrado descarta el planteamiento de la fiscalía belga, país en el que Puig permanece exiliado, de que el exconseller declare por videoconferencia con el apoyo de un juez de instrucción o de la policía de dicho país.
En concreto, el juez de lo Penal número 1 de Huesca considera que "no procede" la presencia de un instructor belga al no estar la causa en fase de instrucción, "ni mucho menos de la policía para su toma de declaración". Entiende, además, que no existe "impedimento físico ni jurídico" para la presencia de Puig en la vista oral, señalada para el próximo 4 de mayo. No obstante, admite que, dada la pena solicitada por las acusaciones, ninguna de prisión efectiva, puede celebrarse sin su presencia, "salvo -afirma el juez- que el ministerio fiscal o las acusaciones consideren imprescindible su presencia, en cuyo caso se podrá acordar su detención y conducción a presencia judicial", según informa Efe. El ministerio fiscal solicita para cada uno de los exconsellers penas de 11 meses de prisión y multa de 18 euros diarios durante once meses y la acusación particular en nombre del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena eleva la petición a 300 euros diarios.
Respuesta
En respuesta a este escrito, el representante legal del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, el letrado Jorge Español, se posiciona a favor de la detención y conducción a presencia judicial de Puig "a los efectos que no pueda alegarse indefensión alguna por su parte, pues es obvio que este señor ni tiene intención de asistir al juicio ni lo va a hacer". Una ausencia que este letrado relaciona con la situación de Puig como "prófugo" de la Justicia española y que, a su juicio, exige decretar su detención a fin de asegurar su presencia en el juicio y de evitar un recurso ante los tribunales europeos por violación de sus derechos. Considera, además, que aunque la Fiscalía belga "quisiera" cumplir la orden de detención, existe un "escollo muy grande" para su ejecución, la existencia de unos jueces de origen flamenco que "si hasta ahora no han entregado al señor Puig a España, difícil será que por este asunto ordenen su detención y entrega".
Además, Español pide al juez que solicite a la Fiscalía belga una "opinión razonada" sobre la posibilidad de que se cumpliese por Bélgica dicha orden de detención para asistir al juicio. La fiscalía de Huesca, a la espera de conocer su decisión a este respecto, reclamó hace unas semanas que Lluís Puig declarara presencialmente en el juicio previsto contra él y su antecesor, tras ver rechazada inicialmente esta petición por el juez encargado de enjuiciar el caso. En su recurso, el fiscal descartaba la existencia de razones de "utilidad, seguridad o de orden público" que justificaran la toma de declaración a Puig como acusado de forma telemática, "más allá de que se encuentra encausado y en rebeldía, con causa pendiente en el Supremo y con órdenes de detención y entrega cuya vigencia ha confirmado el Tribunal Constitucional". Lo cierto es que la detención de Puig y el resto de exiliados catalanes está paralizado a la espera que se resuelvan las prejudiciales sobre órdenes de detección internacional planteadas por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
Precisamente, esta propuesta de detención llega una semana después de la vista en la gran sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a propuesta del juez Pablo Llarena ante el rechazo de los tribunales belgas de extraditar Puig en considerar que el Tribunal Supremo no es el competente para juzgarlo y que no están garantizados sus derechos si es detenido y conducido al Estado español.