Nuevo capítulo en la causa penal contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz. El magistrado del Tribunal Supremo que lo investiga por revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha pedido ahora a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que después del informe que realizó el cuerpo sobre el material intervenido en el registro efectuado en el despacho del Fiscal General del Estado el octubre pasado, "le facilite números de teléfono e IMSI/ IMEI asociados de las tarjetas que fueron objeto de esta diligencia, así como la titularidad asociada a estos números de teléfono".
Esta providencia, comunicada este lunes, responde que la UCO informó al juez ionstructos de que no había habido ningún mensaje de Whatsapp en el móvil del fiscal general del Estado, entre el 8 y 14 de marzo, cuando se habrían filtrado datos personales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por el contrario, en el móvil de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también investigada, sí que constaba que había enviado información al fiscal del Estado sobre el supuesto fraude fiscal de Alberto González Amador.
¿Mensajes borrados o móvil formateado?
La Fiscalía siempre ha defendido que solo quería difundir un comunicado aclaratorio que él había admitido el delito fiscal para llegar a un acuerdo y no ir a la prisión, y que medios de comunicación españoles ya habían difundido datos personales de González. Sin embargo, el instructor del Supremo, el magistrado Ángel Luís Hurtado, insiste a saber quién pasó a la SER los datos de la pareja de Ayuso, tal como publicaron en su web, antes de la nota explicativa de la Fiscalía.
Además, desde la defensa de los dos fiscales investigados, se atribuye a fuentes próximas a Ayuso, que habría sido la Fiscalía quien le habría ofrecido el pacto, y así lo difundieron algunos diarios de Madrid. Es por ello, que la defensa del fiscal general del Estado ha pedido que declare el jefe de prensa de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, tal como ha aceptado el juez.
El resultado del informe de la UCO -que concluye que no aparece ningún mensaje al móvil del fiscal general del Estad- ha abierto todo tipo de hipótesis. La primera, que García Ortiz habría borrado los rastros que lo podrían incriminar. También se ha detallado que el móvil fue formateado porque García Ortíz habría cambiado de aparato, antes de serle requerido. Su móvil se habría quedado a disposición de la Fiscalía General del Estado y se habría limpiado todo su contenido, como fija el protocolo del Ministerio Público para cumplir con la protección de datos y de información confidencial de investigaciones comunicada al máximo representante de la Fiscalía, que es un órgano jerárquico.