Medidas cautelares. El juez Adolfo Carretero ha acordado retirar el pasaporte a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, que también tendrán que firmar cada quince días en el juzgado. Después de la declaración de los dos comisionistas ante el magistrado del caso de las mascarillas, ha decidido adoptar las medidas cautelares que habían solicitado el PSOE, Podem y Más Madrid. Ni la Fiscalía ni el Ayuntamiento de Madrid habían solicitado ninguna medida. Medina y Luceño han declarado media hora cada uno, respondiendo solo al juez y sus letrados. Lo han hecho en condición investigados por los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales (además de alzamiento de bienes en el caso de Medina), ante las sospechas que pudieron embolsarse 6,6 millones de dólares en tres contratos por los cuales el Ayuntamiento de la capital española pagó 11,9 millones.
Por su parte, Medina ha admitido que llamó el primo del alcalde José Luis Martínez-Almedia para contactar con el Ayuntamiento de Madrid. También ha manifestado que la comisión de un millón de euros que cobró en la operación de la venta de mascarillas es "normal" dentro del mundo comercial. Asimismo, tanto Medina como Luceño han defendido que cobraron la comisión que estableció el responsable de la empresa malaya Leno, San Chin Choon, porque eran agentes de esta. El coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha criticado la "vergüenza" y "bochorno" que el alcalde Almeida siga sin dimitir delante de la presunta estafa al consistorio madrileño por el contrato de la compra de mascarillas en plena pandemia.
Dos relojes para la fianza
El comisionista, hijo de Naty Abascal, ha confirmado que supo que Luceño podía llevar material desde China. Entonces, él intentó contactar con el Ayuntamiento de Madrid para ayudar. Para hacerlo, habló con la directora de su antigua universidad y consiguió el teléfono del primo del alcalde. Ha dicho que llamó el familiar de Almeida, que le dio el teléfono de Elena Collado. Collado es la coordinadora de presupuestos y recursos humanos del consistorio, con quien se cerraron finalmente los contratos que se investigan.
Con respecto a Luceño, ha depositado dos relojes para que se sumen a su fianza. En su declaración, ha manifestado que la operación que está siendo investigada fue su primer negocio con la empresa malaya Leno. Además, ha alegado que San Chin Choon, el empresario que llevó el material sanitario, declarará en la instrucción. El juez ha respondido que era la primera noticia que tenía, ya que se había negado a colaborar con la justicia.