Amnistía denegada. Un magistrado de Barcelona ha denegado aplicar la ley de amnistía a dieciocho activistas porque sostiene que insultar a integrantes de Sociedad Civil Catalana (SCC) no se puede incluir en la norma del olvido penal. La Fiscalía pide 2 años y medio de prisión y una multa de 6.500 euros para cada uno de los denunciados por un delito de coacciones y otro contra el ejercicio de derechos fundamentales y libertades por haber gritado "fuera, fascistas, de la universidad" y "No pasarán, universidad antifascista" a miembros de la entidad unionista que organizaron un acto de homenaje al novelista Miguel de Cervantes en la Universidad de Barcelona, en junio de 2018, que al final tuvieron que suspender por la protesta.
En la resolución, a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat, el magistrado del juzgado de lo Penal 19 de Barcelona afirma que la convocatoria de SCC "no tenía ninguna reivindicación o sesgo político". El magistrado asegura: "Si bien es cierto que la entidad Sociedad Civil Catalana es una organización que defiende la cohesión y la convivencia entre los ciudadanos de Catalunya, el acto convocado se presentó desproveído de cualquier reivindicación política porque era, nada más y nada menos, que un homenaje a Miguel Cervantes", y añade que los acusados consideran fascista la entidad "por defender la lengua castellana y este era el móvil del ataque, como expresa el Ministerio Fiscal". Añade que el delito de coacciones no está incluido en la norma del olvido penal, tal como defiende la Fiscalía de delitos de Odio.
"Desnaturaliza la protesta"
La formación Alerta Solidaria, que defiende a los encausados, ha denunciado que el magistrado, con esta resolución, "desnaturaliza la protesta" y "obvia el contexto independentista atribuyendo la protesta a un supuesto rechazo a la lengua castellana y a la figura de Miguel de Cervantes". La entidad de la izquierda independentista recuerda que en 2018 había una fuerte tensión social "con el encarcelamiento de los presos políticos vigente, operaciones represivas contra los CDR, como detención de Tamara Carrasco", y que "había que desenmascarar el discurso aparentemente neutro de SCC, pero que atizaba el odio contra el independentismo". Alerta Solidaria ha anunciado que presentará recurso contra esta resolución a la Audiencia de Barcelona. Si al final se descarta la amnistía, los activistas tendrán que afrontar el juicio en mayo de 2026, se indica.
SCC, acusación contra políticos catalanes
Además, hay que recordar que en 2018, Sociedad Civil Catalana —además de perseguir la lengua catalana en la escuela— se manifestó contra el procés independentista y se personó contra políticos catalanes y es parte acusatoria en el proceso del Tribunal de Cuentas, que reclama 3,2 millones de euros para el 1-O, causa que el tribunal ha enviado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) porque considera que no se puede amnistiar. La causa lleva el nombre de la entidad españolista.