La investigación de la supuesta injerencia de una trama rusa en el procés de independencia de Catalunya estará secreta otro mes, hasta el 3 de julio. Así lo ha acordado el magistrado sustituto del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Fernando Luis Criado, según una resolución comunicada este viernes y a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat. El magistrado del caso Volhov, Joaquín Aguirre, decretó secreta la pieza 2 del caso sobre la trama rusa el marzo pasado, casi a la vez que fue recusado por Gonzalo Boye, abogado de Josep Lluís Alay y del president Carles Puigdemont. Hasta que no se resuelva su recusación, el caso Volhov tiene que ser instruido por su juez sustituto natural, que es el titular del juzgado de instrucción 17 de Barcelona. En la resolución, el magistrado Criado, afirma que "la Policía sigue efectuando unas investigaciones de carácter bastante complejo que obligan inexcusablemente a acordar la prórroga del secreto, dado que se trata de investigaciones de naturaleza extremadamente delicada que obligan a adoptar esta medida". Con esta prórroga, inicialmente, la investigación del caso Volhov esquivaría la ley de amnistía que el Congreso tiene que aprobar de forma definitiva el 30 de mayo, y que habría de beneficiar a los investigados de esta causa.
El juez Aguirre justificó el secreto del caso Volhov, el marzo pasado, porque era “imprescindible” practicar unas diligencias que son “de extrema sensibilidad” y para evitar “perturbaciones”. Además, el magistrado acordó, en enero, la prórroga durante seis meses de la pieza 2, donde citaba a Victor Terradellas, exdirigente de Convergència; Josep Lluís Alay, director de la oficina del president Puigdemont, y al informático Jaume Cabaní, en el marco de los hechos de 2017. Esta actuación del juez Aguirre se ha calificado de política, como la del juez del caso Tsunami Democràtic, Manuel García-Castellón, porque reactivaron las investigaciones a la vez que el gobierno del PSOE terminaba un acuerdo con Junts y ERC para aprobar la ley que borrará cualquier responsabilidad sobre acciones del procés.
Delito de alta traición
En la resolución, datada del 12 de marzo, el juez Aguirre afirma que investiga si existían “indicios de delito en las relaciones de varios individuos de carácter independentista con Rusia, con el propósito de que este país ingiriera en el proceso independentista de Catalunya”. La instrucción se centra ahora en confirmar si hay indicios o no de poder acusar a los investigados por el delito de alta traición, que sería competencia de la Audiencia Nacional, y si hay indicios contra el president Puigdemont. Hasta ahora, la Guardia Civil era la encargada de las investigaciones del caso Volhov.
Recusación pendiente
La sección 21 de la Audiencia de Barcelona tiene sobre la mesa la recusación del juez Aguirre y pronto decidirá si lo mantiene al frente de la instrucción del caso Volhov o lo aparta. El penalista Gonzalo Boye recusó al magistrado de Barcelona porque salió en una entrevista en una televisión alemana en la cual explicaba la instrucción del caso de la trama rusa. Para Boye, el magistrado, que es instructor y no fiscal o acusación, ha perdido toda imparcialidad, y por eso exige que se lo aparte de la investigación. Por el contrario, la Fiscalía Anticorrupción ha comunicado a la Audiencia de Barcelona que se opone a la recusación porque no concurre el supuesto alegado de que el juez tiene un interés en el caso.