Nuevo contencioso por el desprecio del catalán a la administración de Justicia. Plataforma per la Llengua ha presentado una denuncia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra un juez de Tortosa que exigió a un perito redactar un informe en castellano. Plataforma per la Llengua sostiene que la resolución del juez vulnera la cooficialidad del catalán y el derecho a utilizar la lengua catalana en el ámbito judicial. Por este motivo, pide al CGPJ que revoque la resolución y abra un expediente sancionador al juez. En opinión de la Plataforma, el magistrado ha cometido una falta grave y abuso de autoridad.
Los hechos se remontan al 16 de enero pasado, cuando el titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Tortosa emitió una resolución donde pedía a un perito que hiciera un informe «de manera motivada, clara e inteligible y ajustándose a las normas básicas de la ortografía y la gramática castellana». A raíz de esta resolución, una de las partes se puso en contacto con Plataforma per la Llengua, que ahora ha presentado, en su nombre, una reclamación en el Consejo General del Poder Judicial.
Vulneración de los derechos lingüísticos del perito
Plataforma per la Llengua recuerda que, de acuerdo con la Constitución española, la cooficialidad de una lengua en una comunidad autónoma concreta otorga a esta lengua el mismo rango jurídico que al castellano, y defiende que cualquier exigencia para obligar a un perito a redactar un informe en castellano vulnera sus derechos y la normativa vigente. Este derecho queda recogido a la Ley orgánica del poder judicial, que especifica que los peritos tienen el derecho de redactar sus informes en cualquiera de las lenguas oficiales del territorio en que se desarrollan las actuaciones judiciales.
Ante estos preceptos, la entidad entiende que el juez de Tortosa ha cometido una falta grave, así como un abuso de autoridad. Es por eso que solicita que CGPJ que revoque la resolución, investigue los hechos y abra un expediente sancionador. En su escrito en el CGPJ, Plataforma per la Llengua recuerda que los jueces son servidores públicos y que tienen que garantizar un servicio a la ciudadanía sin discriminaciones, tampoco en razón de lengua.