El magistrado Francisco Miralles, titular del juzgado número 7 de Barcelona, niega que los votantes atacaran a los policías durante el referéndum del 1 de octubre y critica que los políticos trasladaran el conflicto a la calle. Miralles rechaza investigar un grupo de personas por un posible delito de resistencia pasiva grave a la autoridad, tal como pedía al Sindicato Profesional de Policía.
A su parecer, sería como "trasladarles la responsabilidad del fracaso de las instituciones públicas en este tema". "Las instituciones emitieron mensajes totalmente antagónicos sobre la cuestión, obligando a los ciudadanos a tomar partido por una de las opciones", continúa.
El juez remarca que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) del 27 de septiembre del 2018 no contenía ninguna prohibición dirigida a los ciudadanos, sino una orden concreta en los cuerpos policiales. En este sentido, subraya que se produjo un "evidente conflicto de pretendidas legitimidades, recibiendo a los ciudadanos mensajes totalmente contradictorios sobre la necesidad o no de ir a votar".
Los votantes, según él, fueron "las víctimas directas de la situación de confrontación generada por los propios poderes públicos, trasladando a la calle lo que tendría que resolverse en las instituciones estatales y autonómicas".
En relación a l'actuación de los votantes el juez afirma que, mirando las gravacions,no ve "ningún tipo de acometida" por parte de los votantes, sino una actitud "meramente pasiva ante la acción policial".