El juzgado de instrucción 13 de Barcelona ha declarado concluido el sumario contra una treintena de excargos del Govern por la organización del 1-O y ha acordado remitir los autos y las piezas de convicción en la Audiencia de Barcelona para la celebración del juicio oral. La titular de este juzgado, Alejandra Gil, puntualiza además a la letrada de la Administración de Justicia que exprese los recursos de apelación que haya pendientes.
En la resolución, la magistrada procesa los 30 cargos y excargos del Govern, la cúpula de la CCMA y empresarios de compañías como Unipost por presuntos delitos como la malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación, pero excluyente otros delitos como la rebelión y la sedición.
Se trata de una treintena de cargos de la Generalitat en aquel momento, como Antoni Molons, entonces secretario de Difusión y Atención Ciudadana; Joaquim Nin, ex-secretario general de Presidencia; Josep Ginesta, secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia; Aleix Villatoro, ex-secretario general del Departamento de Exteriores; Amadeu Altafaj, exdirector de la representación de la Generalitat delante de la UE, o Albert Royo, exsecretario general del Diplocat y también la vicepresidenta y presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach; los directores de TVC, Vicent Sanchis, y de Catalunya Radio, Saül Gordillo.
El 13 ignora la Fiscalía
En un escrito del 4 de agosto, la Fiscalía había pedido el Juzgado que se ampliara de nuevo la instrucción de la causa otros 12 meses, ya que todavía hay recursos pendientes de resolver, y avisaba de que se podía incurrir en "vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva". La Fiscalía de Barcelona recurrió el auto de procesamiento para que se procesara también por organización criminal a 28 de los investigados.
En su auto de procesamiento, la jueza constató que supuestamente tenían un "plan común" y que existía el firme propósito del Govern para impulsar el 1-O. Además, dice, tenían la voluntad de celebrar una consulta refrendaria, ensayada en noviembre de 2014, "con la finalidad de ejercer el derecho de autodeterminación y la constitución de un nuevo estado, independiente de España, y que tuvo su plasmación en el referéndum del 1 de octubre de 2017 y su corolario en la declaración de independencia realizada por el presidente de la Generalitat el 27 de octubre en el Parlament".