Decisión importante. La titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona ha decidido enviar a la Audiencia de Barcelona la causa contra unos 30 excargos del Govern procesados por organizar el 1-O para que decida si pueden acogerse a la ley de amnistía, según una resolución a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat este viernes. La sección 21 de la Audiencia de Barcelona es quien tenía que juzgar a los políticos, funcionarios y empresarios, pero la causa se devolvió al juzgado de instrucción porque se tenía que unificar otros imputados por la causa de exterior, a petición del exdirector general del Diplocat, Albert Royo y del exsecretario de Acción Exterior, el republicano Aleix Villatoro, también investigados, porque estaban investigados en dos juzgados, instrucción 13 e instrucción 18 por hechos conexos. 

La resolución de la magistrada Alejandra Gil ha sido comunicada al abogado David Aineto, que es el primero que pidió la amnistía para David Palanques, responsable del área informática del Departament de Asuntos Sociales Trabajo y Familia, que dirigía la consellera Dolors Bassa, condenada por sedición por el 1-O e indultada parcialmente.

 

El exconseller Romeva, también

Horas después de publicarse la norma del olvido penal al BOE, este martes, Esquerra Republicana anunció que ha pedido la amnistía para 37 excargos del Govern, la mayoría por el 1-O y en las causas del Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluya (TSJC) y al juzgado de instrucción 13 de Barcelona y al Tribunal de Cuentas. Los otros investigados en el juzgado 13 citados por ERC, son: Josuè Sallent, Daniel Gimeno, David Franco, Francesc Sutrias, Josep Ginesta, Marta Garsaball i Xavier Puig.

Además de cargos intermedios del gobierno de Carles Puigdemont, en el juzgado de instrucción 13 también está imputado el exconseller de Asuntos Exteriores Raül Romeva, por la concesión de una subvención, a pesar de que ya fue condenado por sedición por el 1-O por el Tribunal Supremo e indultado por el gobierno del PSOE. En concreto, se acusa a Romeva de haber concedido, con Villatoro, una única subvención de 40.000 euros a la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas (FOCIR) en 2016, que el Tribunal de Cuentas no le reclama.

El resto de encausados de Exteriores son del gobierno de Artur MasRoger Albinyana, exsecretario de la SAEUE; Víctor Cullell, exdirector de Análisis de Presidencia; Roser Clavell, secretaria del Diplocat; Gerard Martí Figueras, exsecretario general de Deportes; Manuel José Vila, exdirector general de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, y Antoni Reig, exdirector del Consejo Catalán de Deportes