La causa que intenta relacionar la manifestación del 8-M en Madrid con la propagación del coronavirus se va deshaciendo. Este viernes, la jueza instructora Carmen Rodríguez-Medel ha acordado el sobreseimiento provisional. Lo ha hecho después de interrogar al delegado del Gobierno en Madrid, el acusado José Manuel Franco, y otros testigos. La magistrada considera ahora que "no hay indicios suficientes de actuar delictivo" por parte de Franco por el delito de prevaricación administrativa.
Después de practicar diligencias de investigación, el auto sostiene que el investigado, entre el 5 y el 14 de marzo, "no tuvo conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones". También constata que Franco "no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario".
La resolución de la magistrada instructora señala que "ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó del delegado del Gobierno en Madrid que prohibiera o restringiera de alguna manera la celebración de concentraciones o manifestaciones en razón de la Covid-19". Por todo eso, acuerda el sobreseimiento provisional, pero deniega el sobreseimiento libre solicitado por la Abogacía del Estado.
José Manuel Franco declaró este miércoles como investigado ante el juzgado de instrucción número 51 de Madrid. Defendió delante de la magistrada que "no había ningún elemento para prohibir el 8-M".
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