Novedades de Andorra. La batlle de Instrucción especializada 2 de Andorra ha dictado una resolución, conocida este jueves, en la cual nombra a los agentes de la policía judicial de la unidad de investigación económica y financiera que actuaron en la causa de la liquidación de la Banca Privada Andorrana (BPA) que hagan "las investigaciones oportunas para el esclarecimiento de la verdad" sobre la Operación Catalunya en la parte andorrana, así como les "autoriza a intercambiar información con los cuerpos judiciales extranjeros, en particular los españoles". Paralelamente, se han personado en Andorra defensas de los diferentes querellados del gobierno del PP, aunque todavía no han trascendido sus nombres, según informa la acusación popular formada por las asociaciones Drets e Institut de Drets Humans de Andorra (IDHA).
La alcaldesa Stéphanie Garcia Gacia remitió el junio pasado las comisiones rogatorias internacionales para que comparezcan como investigados el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, además de dirigentes de la política patriótica del PP. Una vez comparecidos con un abogado andorrano, la intención de la batlle es ir a Madrid y Barcelona a tomarles declaración. Las titulares de BPA presentaron una querella contra responsables policiales españoles por presionarlos para que les informaran si tenían cunetas de la familia Pujol Ferrusola, así como del entonces president Arutr Mas, del vicepresident Oriol Junqueras y del entonces alcalde Xavier Trias.
Más acciones desde Andorra
Para Drets e Institut de Drets Humans de Andorra es importante la nueva acción de la batlle para que la policía judicial andorrana intercambie información con todos los cuerpos policiales extranjeros, y recuerdan que en la nota del FinCEN (Finanzas Crime Enforcement Network, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos), que cuestionó el BPA "todo apunta que tuvo una intervención al FBI americano". Y añaden que de la instrucción hasta ahora realizada "se desprende diferentes actuaciones llevadas a cabo por la policía española en territorio andorrano o con ciudadanos andorranos, de lo que a la batlle instructora quiere tener conocimiento detallado para seguir con las pesquisicions de la causa". La intervención de la policía patriótica en Andorra ha sido desvelada por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, y hasta ahora ningún juzgado español ha querido investigar la actuación policial ilícita en Andorra.
Las amenazas cumplidas
Esta investigación se inició en el 2016, a raíz de una declaración judicial prestada por Higini Cierco delante a la batlle instructora del caso BPA, donde explicó que a partir del mes de mayo del 2014 tanto él como el Ceo del banco, Joan Pau Miquel, fueron coaccionados y extorsionádos primero por el inspector Celestino Barroso, agregado de Interior de la embajada española en Andorra, y después por el comisario Marcelino Martin Blas, alías Fèlix, en diferentes encuentros con Miquel en Madrid, con el fin de conseguir cuentas bancarios andorranos de Artur Mas, Oriol Junqueras y los Pujol, con la amenaza del cierre del banco andorrano (BPA) como su filial española Banco Madrid. Amenaza con que se cumplió con el cierre de las dos entidades bancarias el 10 de marzo del 2015. Los titulares de BPA y Banco Madrid han presentado una demanda contra el Gobierno por su cierre.
Los delitos imputados
La investigación se ha ido ampliando, hasta que la batlle ha admitido la ampliación de querella contra los políticos, realizada por Drets e IDHA. Por los delitos de coacciones, de amenazas, de extorsión y de chantaje, se investiga al exministro Fernández Díaz y sus subordinados Francisco Martínez, exsecretario de estado de Interior, e Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía española, como superiores de los agentes policiales que actuaron sobre el terreno. Al expresidente Mariano Rajoy y a sus exministros de Hacienda y de Interior se les acusa por un delito de falsedad de documentos. I, a Rajoy y a Montoro también por un delito contra los órganos constitucionales por haber intimidado al Jefe de Gobierno andorrano y los ministros con los cuales se reunieron en la visita oficial que hicieron al Principado el 8 de enero del 2015, a fin de que intervinieran y liquidaran la BPA de acuerdo con esta información que recibirían de los Estados Unidos. Los responsables del gobierno andorrano, que serán citados como testigos, no han dicho nada sobre este extremo.