La jueza del caso 'Mediador' ha pedido este lunes a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que autorice a la policía española a entrar dentro del despacho de Juan Bernardo Fuentes —conocido ya como 'Tito Berni'— para investigar las pertenencias del exdiputado socialista. En un auto, la magistrada insta a Batet a "colaborar" con la justicia a fin de que el Grupo de Delitos Tecnológicos del CNP pueda abrir, analizar y estudiar el contenido de los "dispositivos informáticos y sistemas de almacenamiento" que utilizaba el exdiputado por Canarias.

Se trata de una maniobra de la jueza para dar respuesta a la solicitud del equipo policial que investiga esta supuesta trama de corrupción para poder registrar "sin restricciones" el despacho de Fuentes Curbelo y a las objeciones expresadas sobre esta cuestión por la Fiscalía Anticorrupción. El ministerio público daba apoyo a examinar los equipos informáticos del exdiputado, pero sugería hacerlo pidiendo permiso al Congreso de los Diputados, porque la Constitución señala que la cámara baja es inviolable.

Ya hace un par de semanas que el caso 'Mediador' centra la polémica en Madrid. Se trata de una presunta trama de corrupción orquestada por 'Tito Berni'. Hasta hace dos semanas era diputado por las Islas Canarias en el Congreso. Operaban con él su sobrino Taishet Fuentes Gutiérrez, como director general de Ganadería de Canarias; y también el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas y el empresario Antonio Navarro Tacoronte. Contactaban con empresarios a quienes convencían de pagarle un dinero a cambio de utilizar sus influencias para beneficiar sus empresas a través de tratos de favor por parte de la administración.

Uno de los elementos más destacados de este caso es que la trama corrupta está aliñada con noches de cenas, hoteles, prostitutas y cocaína. La rama política de la trama instaba a los empresarios a pagar los gastos de estas noches, y todo oscilaba en torno a unos 3.500 euros. Antes, sin embargo, les habían pedido que les pagaran 5.000 euros. La trama habría nacido en 2020, y habría terminado un año después, porque algunos empresarios se habrían dado cuenta de que les habían engañado y que las promesas de contratación pública no se cumplían.

El escándalo, además, ha estallado en el peor momento para el PSOE. Aparte que tiene similitudes notables con el del exdirector general de la Guardia Civil Luis Roldán y sus orgías en hoteles de las Islas Baleares, la trama ha salido a la luz en las proximidades del 8-M. Se trata de un caso que hace traquetear el discurso abolicionista de la prostitución que defiende el partido. Y todo eso, además, en medio de las polémicas por la ley del 'solo sí es sí': las rebajas constantes de penas a agresores sexuales y el conflicto abierto con Podemos sobre cómo reformar la ley.