El gobierno de Carlos Mazón, cada vez más acorralado. La jueza de Catarroja que investiga la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, sigue investigando las llamadas que se efectuaron al 112 la jornada del 29 de octubre. La magistrada considera que los avisos de la ciudadanía al teléfono de emergencias fue uno "de los anuncios de la gravedad de la situación" con "antelación suficiente" que habrían alertado al gobierno valenciano de la situación. Según adelanta elDiario.es, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja ha acordado solicitar al 112 de la Generalitat Valenciana la "copia íntegra" de la grabación de las llamadas realizadas por uno de los perjudicados, Juan Carlos M. R., que ha dado su consentimiento. Así como se pida que se contacte con Ana R.S., hermana de una de las perjudicadas por la DANA, para saber si también da su consentimiento para obtener las grabaciones de las llamadas que hizo al 112. Además, la jueza pide que se haga "expresa referencia" a la hora que se produjeron las llamadas.
Canal de información "privilegiado"
El auto de 16 páginas con el cual la jueza ha imputado a la exconsellera Salomé Pradas consideraba que el 112 era "un canal de información privilegiado" al estar "integrado" en las instalaciones de la Generalitat en Eliana donde se produjo la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). Según la magistrada, el teléfono de emergencias empezó a recibir llamadas que hacían referencia al temporal desde la madrugada del 29 de octubre. En total, según el informe que la Generalitat Valenciana ha aportado a la causa, el 112 registró casi 20.000 llamadas aquella jornada, y hasta las 16:00 horas ya habían recibido 722. En concreto, el 112 detalla que entre las 00:00 y las 23:00 horas del 29 de octubre recibió un total de 19.821 y que el número mayor fue a partir de las 17:00 horas, un total de 2.438, seguimientos de los 1.833 recibimientos una hora antes. Además, apunta que a las 16:40 horas, ya empezaron a llegar los primeros avisos sobre el desbordamiento del barranco del Poyo.
La consellera de Justicia, que era la representante del gobierno valenciano en la reunión del Cecopi, ocultó la información sobre las llamadas del 112 a todos los presentes al encuentro que se encargaba de gestionar la actuación ante el temporal. La jueza también tiene pendiente resolver sobre la petición de diligencias de una de las acusaciones particulares, el sindicato CGT, que solicitó que se pidieran "todos los audios" de las llamadas del 112 el día de la DANA.
Informe sobre las secuelas psíquicas
La jueza también pide al Instituto de Medicina Legal (IML) de València un informe forense para que valore los daños morales y las secuelas psíquicas de una treintena de familias de muertos o de desaparecidos. En concreto, son los familiares de víctimas mortales que relataron ante la jueza detalles sobre los últimos momentos con vida de sus familiares. La jueza destaca que los familiares de las víctimas sufren "secuelas psíquicas, con un importante número en terapia psicológica o de baja médica." Además, también reclama un informe forense de las lesiones físicas y de los daños morales y las secuelas psíquicas de Juan Antonio B. M., que sufrió la amputación de una pierna a consecuencia de la DANA.