Nuevo revés al gobierno de Carlos Mazón. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga la gestión de la DANA el pasado 29 de octubre, ha rechazado que la Generalitat Valenciana se persone en la causa como responsable civil subsidiaria, en entender que no procede en este momento procesal. En un auto de este miércoles, la magistrada cita jurisprudencia de la Audiencia Provincial de València según la cual el responsable civil subsidiario "se incorpora al proceso desde que la pretensión civil se dirige contra él, dándosele traslado del escrito de calificación o acusación, o bien antes de este trámite, cuando se dicta resolución judicial para el aseguramiento de sus responsabilidades". Así, la jueza frena las intenciones de Mazón, que pretendía que la Generalitat se personara como causa, en la cual figuran como investigados la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico Emilio Argüeso.
La resolución judicial no es firme y puede ser recurrida en reforma en el plazo de tres días o de apelación en un plazo de 5 días.
La Generalitat Valenciana solo movilizó a 36 bomberos
El pasado 29 de octubre, la DANA que arrasó al País Valencià pilló desprevenidos tanto a los ciudadanos como las autoridades valencianas. Hace más de 5 meses que se explican las negligencias que el gobierno valenciano cometió tanto en la previsión del desastre como en las semanas posteriores. El gobierno de Carlos Mazón no convocó el órgano de Emergencias con antelación, ni pidió la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME) hasta la última hora de la tarde, cuando ya había zonas inundadas. Aparte de la falta de actuaciones previas, también se sumaron la falta de recursos materiales y humanos para hacer frente a una riada que ha dejado a 231 víctimas muertos, y 3 desaparecidos. El presidente valenciano y su ejecutivo hace meses que defienden su gestión y eludiendo las responsabilidades, culpando al Gobierno de falta de recursos y de haber negado la ayuda a las zonas afectadas. Sin embargo, sus propios informes señalan a la Generalitat Valenciana como la responsable de no haber movilizado los efectivos de emergencias. Según apunta elDiario.es, un informe de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (abreviada como SGISE, la empresa pública que coordina a los bomberos forestales), dependiente de la Conselleria de Emergencias, señala que el 29 de octubre solo se movilizaron a 36 bomberos de los casi 900 que dispone todo el País Valencià.
El informe detalla que el día de la DANA se trasladaron a una unidad de bomberos a Carlet y cinco a Utiel, con un total de 36 bomberos forestales más el personal de apoyo. A primera hora de la mañana del 29 de octubre el río ya se había desbordado en Utiel, tal como advirtió su alcalde a través de los medios de comunicación. A las 15:00 horas, la exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, visitó Carlet para consultar el estado de las inundaciones. La situación en este municipio fue lo que provocó que convocara el CECOPI (el Centro de Coordinación Operativa Integrada), media hora antes de retirar a los bomberos que vigilaban el barranco del Poyo. El documento también pone en duda que al día siguiente de la DANA, el 30 de octubre, se movilizaran los efectivos necesarios. Según consta, se enviaron 87 bomberos forestales a los municipios de Alzira, Paiporta, Riba-Vermella, Utiel, Requena y Loriguilla, diversos de los municipios más afectados.