Una jueza de Madrid ha admitido a trámite parcialmente la querella presentada por Gonzalo Boye, abogado del president Carles Puigdemont, para aclarar "la existencia, extensión y autoría" del espionaje que sufrió a través de la infección de su móvil con el software Pegasus, entre enero y mayo del 2020, según constata la investigación Catalan Gate del grupo Citizen Lab. No obstante, la titular del juzgado de instrucción 29 de Madrid ha rechazado investigar como querellada a NSO Group, la empresa israelí que desarrolló el software Pegasus, según la resolución a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat, porque -según la jueza- que "no se aporta ningún elemento objetivo".
En la resolución, la magistrada Cristina Díaz pide a Boye que aporte al juzgado los terminales que fueron supuestamente infectados para analizar si se ha cometido un delito contra el derecho a su intimidad y secreto de sus comunicaciones. En concreto, lo cita para el próximo 20 de julio para que deposite los aparatos. La jueza detalla que los terminales serán derivados a la Brigada de Policía Judicial 25 de la policía española para que haga un análisis e informe pericial de si hay evidencias del malware, como restos de la instalación de programas que permitan el acceso remoto y secreto de los terminales de terceros, de la cantidad y tipo de datos extraídos, y origen y destino de las conexiones, así como de cualquier otro dato para aclarar los hechos.
Los 18 ataques a Boye
En su querella, Gonzalo Boye denunció haber sido víctima de 18 ataques en aquellos meses del 2020, mediante la utilización de Pegasus, a través de mensajes que contenían un enlace malicioso, disfrazado de notificaciones de Twiter relacionadas con tuits de organizaciones y medios de comunicación con las cuales contacta habitualmente.
La magistrada ha desestimado investigar la empresa que fabricó Pegasus y sus subsidiarias, siguiendo el criterio de la Fiscalía, ya que considera que "no hay elementos o principios de prueba que permitan abrir una investigación". En concreto son las mercantiles: Q Cyber Technologies, NSO Group Tecnhonologies, con sede en Israel, y Osy Technologies, en Luxemburgo y que es propietaria de las empresas del grupo NSO. "No existe ningún elemento objetivo, de carácter técnico, documental o testifical, que sustancie las hipótesis de la querella," sostiene la fiscalía, afirmación que suscribe la magistrada, que añade que si son ciertos los hechos denunciados "en ningún caso serían constitutivos de un delito imputable a los querellados".
Causas paralizadas en los juzgados
Citizen Lab, grupo de investigación vinculado a la universidad de Toronto, certificó que hasta 65 personas del movimiento independentista catalán y su entorno fueron infectadas y espiadas con Pegasus. Por ahora, las querellas presentadas por Òmnium, la CUP, ERC y la ANC han bailado de juzgado en juzgado. El juzgado de instrucción 21 admitió la querella de los tres afectados de Òmnium, pero igual que en el caso de Boye, el juez ha desestimado investigar NSO, por falta de jurisdicción y de indicios concretos.
Hasta ahora, la titular del juzgado de instrucción 24 de Barcelona, Maria Antonia Coscollola, es la única que ha aceptado la querella contra NSO presentada por el abogado Andreu Van den Eynde, como afectado, aunque todavía no ha acordado ninguna medida o comisión rogatoria a Israel o Luxemburgo, donde tienen sede estas empresas.
Paralelamente, un juez de la Audiencia Nacional investiga el supuesto espionaje del móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de diversos de sus ministros, los cuales ha decidido ir a Israel a tomar declaración, pero como testigo, a uno de los responsables de NSO. Los querellantes de las causas catalanas han pedido a los respectivos jueces que pidan participar en la investigación del juez José Luis Calama.