Nuevo golpe a la estrategia de defensa de los responsables de la Generalitat Valenciana ante la crisis de la Dana. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja ha despojado este viernes al Ejecutivo de Carlos Mazón de otra de sus excusas: la falta de conocimiento de lo que estaba sucediendo. La jueza afirma en un auto que los audios de las llamadas al 112, "confirman que la Administración autonómica, competente en materia de protección civil, a través del 112 Comunidad Valenciana, conocía perfectamente que el barranco de Chiva se había desbordado a su paso por el término de Chiva, con tal intensidad" que perdieron la vida un padre y dos de sus tres hijos, ante la "impotencia" de la madre, informa Europa Press.
La resolución de este viernes es clara en este aspecto y rechaza la petición del que, en el día de la catástrofe, era el secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Emilio Argüeso —citado como investigado por la instructora—, de aclarar el auto en el que acordaba esa investigación.
Detalles de las víctimas y circunstancias
Argüeso, en concreto, solicitó, mediante sus abogados, que se detallara la totalidad de víctimas y sus circunstancias, "aunque fuere de forma somera, con expresión del lugar y momento, donde se levantó el cadáver de cada una de ellas" y que se expresara "qué comportamiento, qué hechos u omisiones incardinables, en algún artículo del Código Penal", se le imputaban.
Además, alegó que el día de la barrancada el 112 "no envió comunicación alguna" al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). "Y ello pese a que el director del Centro de Coordinación de Emergencias, de quien depende orgánicamente, formaba parte del Cecopi", según indicaba en un recurso de reforma elevado ante el Juzgado por la defensa del que fuera 'número 2' de la Conselleria de Justicia e Interior, al frente de la cual estaba entonces Salomé Pradas, también investigada en la causa.
La jueza entiende que no ha lugar a la solicitud de aclaración solicitada y sostiene que "carece de sentido" aclarar el auto de 10 de marzo de 2025, que "establecía y justificaba de forma clara" la declaración como investigados de ambos ex responsables de la Conselleria de Interior.
Así, señala que ese auto es consecuencia de las declaraciones de familiares y testigos, informes y documentación obrante en la causa en ese momento y recoge algunos casos, no la totalidad, en un proceso que sigue avanzando y suma "no solo nuevas declaraciones, sino también nuevas pruebas que confirman la procedencia de lo ya resuelto, la imprescindible citación como investigados" de Pradas y Argüeso.
Y añade nuevos casos de víctimas: el fallecimiento en Paiporta de otro matrimonio que murió en el trastero-garaje de su vivienda, donde quedaron "encerrados y sin escapatoria" mientras sus dos hijos menores estaban en el domicilio.