La jueza que investiga a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha citado a declarar como investigado el próximo 6 de mayo al abogado que lo representó durante la tramitación de la inspección de Hacienda que acabó desembocando en este procedimiento judicial por presunto fraude al fisco. La titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid ha accedido así a la petición que le hizo la Fiscalía para imputar al letrado Javier Gómez Fidalgo en la pieza abierta por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros y falsedad documental de González Amador.
Este abogado representó al empresario en la inspección de Hacienda que acabó en un informe sobre la empresa Maxwell Cremona, administrada por Alberto González Amador, que sirvió de base para la Fiscalía para presentar la denuncia. De hecho, el Ministerio Público también solicitó la comparecencia como testigo de una asesora de Maxwell Cremona en el marco de estas diligencias.
La causa sobre corrupción y administración desleal
Alberto González Amador declara este jueves como investigado ante la jueza en el marco de la pieza separada abierta por la posible comisión de delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. La cita a “los efectos del esclarecimiento de los hechos” investigados se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalara en un auto esta investigación impulsada por la acusación popular que representa al PSOE y a Más Madrid.
González Amador compareció el pasado 24 de febrero ante magistrada como investigado en la pieza principal, si bien se acogió a su derecho a no declarar por consejo de sus abogados hasta que este recurso se resolviera al afectar a la causa que se instruye por dos delitos fiscales. Los magistrados estimaban que en el presente “momento procesal resulta procedente la sustanciación del proceso con vistas a aclarar si los hechos objeto de la pieza separada abierta pueden ser constitutivos de infracción penal”. “Las operaciones económicas y jurídicas realizadas podrán, o no, tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda tiene que llegarse después de la correspondiente investigación abierta”, señalaban los jueces.
La magistrada acordó el mes de octubre pasado abrir una investigación aparte del procedimiento principal por el supuesto uso de una sociedad instrumental para “ocultar unos ingresos” del Grupo Quirón que tenían que haber sido declarados. Y lo hizo al estimar de manera parcial un recurso de reforma interpuesto por el PSOE y Más Madrid contra el acto en el cual la jueza denegó el pasado 31 de julio todas las diligencias interesadas por esta parte que ejerce la acusación popular.