Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, imputado después de meses de investigación por corrupción y administración desleal. La titular del juzgado del número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha citado a declarar al empresario en calidad de investigado el próximo 10 de abril en la pieza separada que investiga dos posibles delitos de corrupción y administración desleal en el marco de su relación comercial con el presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino. Las dos acusaciones se suman a los dos delitos fiscales y la falsedad documental que se le imputan en la pieza principal. Esta sería la sexta vez que Alberto González Amador es citado en el juzgado, la primera en esta pieza, en las anteriores ocasiones en las que se ha negado a declarar fue citado por el presunto fraude fiscal de 350.000 euros y la falsificación de facturas.

La magistrada acordó la creación de esta pieza separada el pasado 3 de marzo y advierte de que Quirón Prevención podría quedar perjudicada por las actividades atribuidas a la pareja de la presidenta madrileña. La pieza separada permite investigar completamente la relación entre la pareja de la presidenta madrileña y el Grupo Quirón, el contratista más grande de la Comunidad de Madrid en materia de sanidad.

“Actuación ilícita” 

La jueza de Madrid abrió la pieza separada a petición de la Fiscalía y las acusaciones populares después de que una inspección de Hacienda calificara de “artificiosa”, “ilícita” e “inequívocamente defraudatoria” la compra de la empresa Masterman SL por parte de Alberto González a la mujer de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención y principal cliente del empresario, por un total de 500.000 euros. La acusación popular entendía que detrás de la simulación subjetiva de este negocio jurídico puede haber “una administración desleal, como apunta el abogado del Estado o incluso un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas”. Entiende que podría tratarse de “una contraprestación que podría deberse por la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell y después a Masterman por Quirón Prevención o bien una contraprestación por la operación en la cual Maxwell intermedió y por la cual MAPE Asesores adquirió productos sanitarios de las empresas FCS Products, SL e Inteconn, INC puesto que como resultado de estas operaciones, Maxwell facturó en ambas empresas 2.021.900 euros en 2020”.

Además, la empresa no tenía trabajadores y presuntamente se usó como “pantalla” para disminuir la cuota a pagar a Hacienda y, por lo tanto, podría haber cometido un fraude fiscal. La Audiencia Provincial añadió que “no es irrazonable” considerar que la adquisición de Masterman SL por Alberto González “en realidad encubría el pago de una comisión ilícita” y, por lo tanto, supone un “indicio suficiente” de la existencia de un delito de corrupción en los negocios.

En el auto, la jueza rechaza la petición de la pareja de Ayuso, que pretendía excluir de la pieza separada a las acusaciones populares del PSOE y Más Madrid. La jueza considera que hay lícitamente personas en el procedimiento por corrupción en los negocios y administración desleal, así como están el fraude fiscal y la falsedad documental.