Uno de los tres agentes de los Mossos d'Esquadra acusados de ayudar al president en el exilio, Carles Puigdemont, en su visita relámpago a Barcelona, el 8 de agosto pasado, se ha acogido a su derecho a no declarar ante la titular del juzgado de instrucción 24 de Barcelona, este miércoles. Los Mossos de Esquadra lo acusan "de haberle facilitado un medio de huida", refiriéndose al coche blanco, que era adaptado con una silla de ruedas al lado y conducido por mujer, que no es investigada. Su abogado, Cèsar Lagonigro, ha explicado que Jordi R. se ha negado a declarar porque la magistrada ha rechazado las testificales que había solicitado, especialmente la declaración de la anterior cúpula de los Mossos, dirigida por el comisario jefe Eduard Sallent, para aclarar el objetivo del dispositivo policial, dimensionado de agentes de la policía catalana.
El abogado ha manifestado que esta negativa de la magistrada Maria Antònia Coscollola vulnera su derecho de defensa, y por eso ha presentado un recurso a la Audiencia de Barcelona. La magistrada sostiene que las declaraciones de la anterior cúpula de los Mossos no tiene nada que ver con la investigación a los agentes, pero la defensa quiere aclarar si el dispositivo policial era para garantizar una investidura o para prohibir el acceso al diputado electo de Junts, a pesar de tener una medida de busca y captura por parte del juez Pablo Llarena en no quererle aplicar la amnistía. Lagonigro también había pedido la declaración de responsables de la policía española y de la Guardia Urbana por el dispositivo realizado aquel día.
Dos años de baja y sin el vehículo
La abogada Judit Rossell, que atendió al agente al ser detenido el mismo día 8 de agosto, ha detallado que Jordi está de baja desde hace dos años y que al juez de guardia ya explicó que había cambiado el vehículo blanco por una furgoneta desde hacía dos años, que no se hizo el cambio de nombre a Tráfico, pero que "los Mossos no lo quisieron comprobar". Lagonigro y Rossell defienden de forma gratuita al agente desde la Asociación de Abogados de Osona en Defensa de los Derechos Humanos, que defiende a los represaliados independentistas de base.
Delito de encubrimiento
Los tres agentes son investigados por el delito de encubrimiento y el Departament d'Interior les mantiene la suspensión de sueldo y trabajo hasta que se aclare esta investigación penal.
Los otros dos agentes son defendidos por el equipo de Gonzalo Boye y uno de ellos está pendiente de ser citado a declarar. Las defensas sostienen que ninguno de los agentes ni Jordi Turull cometieron ni el delito de encubrimiento ni el de obstrucción a la Justicia porque no encaja en los supuestos requeridos en el Código Penal. Precisamente, el TSJC desestimó la querella presentada contra el presidente del Parlament, Josep Rull, y otros diputados de Junts por haber acompañado al president Puigdemont.
Paralelamente, la magistrada tiene que resolver si admite a trámite las diferentes querellas contra los agentes y responsables policiales y políticos, como la presentada por Alvise y entidades españolistas.