El caos procesal vuelve a la causa contra los cerca de los 40 ex altos cargos del Govern de Carles Puigdemont y empresarios procesados por la organización del 1-O. La Audiencia de Barcelona ha validado la conclusión del sumario dictada por la titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, el 25 de septiembre pasado, de esta causa, iniciada en el 2017, y ha rechazado el recurso de queja de la Fiscalía, según una resolución a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat este viernes. Esta resolución de la sección 2.ª de la Audiencia de Barcelona choca con la que dictó el mismo tribunal, el octubre pasado, en la cual urgía a la magistrada Alejandra Gil a resolver si aplicaba o no ley de amnistía a los encausados. Con esta respuesta, la magistrada ha elevado el procedimiento al tribunal juzgador, la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, que es la que podría revocar la conclusión de sumario y devolverlo al juzgado y resolver sobre la aplicación de la amnistía o no.
"Seguimos en un limbo y es una vergüenza que en un Estado de derecho se tenga que implorar que se aplique la ley, en función de quien lo pida," ha denunciado el penalista David Aineto, que representa a un informático del Departament de Servicios Sociales, sobre la no aplicación de la norma del olvido penal a exresponsables de la Generalitat. Aineto fue de los primeros defensores en pedir en el juzgado la amnistía para su defendido, cuando la ley entró en vigor, el julio pasado.
Dos investigaciones unidas
El embrollo procesal se creó con la unificación de dos investigaciones. Inicialmente, se investigó y la magistrada Gil procesó inicialmente a 27 excargos de Junts y de ERC y empresarios por el 1-O, causa que ya estaba para ser juzgada en la sección 21 de la Audiencia de Barcelona. Posteriormente, a esta causa madre del 1-O se le añadieron una decena más de procesados por gastos al Exterior del 2012 al 2017, por una querella de la Fiscalía que inicialmente investigó la titular del juzgado de instrucción 18 de Barcelona.
La sección 21 de la Audiencia de Barcelona devolvió la primera parte de la investigación al juzgado, ya que como decía la Fiscalía, faltaban trámites de los otros procesados, donde está el exconseller de Exteriores, Raül Romeva por una subvención directa en la FOCIR de unos 40.000 euros en el 2016, que ni el Tribunal de Cuentas ha cuestionado.
Sin una solución clara
En la nueva resolución, fechada el 8 de enero pasado, el tribunal -formado por los magistrados José Carlos Iglesias, Begoña Sos y María Carmen Hita, de ponente- da la razón a la magistrada Alejandra Gil cuando el 2 de octubre pasado no admitió a trámite el recurso contra la conclusión del sumario contra los excargos del Govern que hizo el 25 de septiembre de 2024. En concreto, el tribunal expone que la legislación no permite presentar un recurso contra la conclusión de sumario en el juzgado instructor, sino que "la revocación o confirmación" lo tiene que hacer el tribunal juzgador, en este caso la sección 21 de la Audiencia de Barcelona.
Por eso, las defensas de los procesados lamentan que la magistrada Gil tira la pelota adelante y volverá a enviar la causa a la sección 21 para que lo resuelva todo, aunque según la misma Audiencia, la instructora podría haber resuelto la aplicación de la norma del olvido penal.
La ley de amnistía entró en vigor el julio pasado, y los policías españoles siguen siendo los más beneficiados en su aplicación.
Los nombres de los afectados
En la causa de Exteriors, después unificada al juzgado de instrucción 13, se volvió a imputar a Aleix Villatoro y Albert Royo, y por eso sus abogados -Ramon Setó y Judit Gené- pidieron la unificación de las causas para que no fueran perjudicados. Además, hay los ex altos cargos del Govern: Roger Albinyana, Teresa Prohias, Víctor Cullell, Roser Clavell, Manuel José Vila, Gerard Martí Figueras, Antoni Reig, y el exconseller Romeva, ya juzgado por el 1-O, por una subvención.