La decisión parece irrevocable. Finalmente, los Franco tienen que abandonar el palacio donde siempre han vivido. El juzgado, que ha aceptado las alegaciones del Estado, la Xunta, los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación Provincial, mantiene de esta manera la fecha de entrega del inmueble el día 10 de diciembre a las 11 horas. En relación a los masoveros, atendiendo al ofrecimiento del Estado para que se les confiera un plazo mayor por abandonar la casa que habitan, ha fijado como fecha máxima el 15 de enero de 2021.

La magistrada ha rechazado en el acto, contra el cual hay que interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña, la oposición efectuada por la familia Franco con respecto a la prohibición de retirar bienes de la casa solariega y la fecha de entrega al Estado. Además, ha detallado que la parte demandada yerra "cuando dice que se le dieron veinte días para retirar todos sus bienes", ya que "sus actos fueron los de cumplir voluntariamente la sentencia y, en congruencia, el auto dispone el plazo de un cumplimiento voluntario".

Contratan camiones para recogerlo todo

"La literalidad de la sentencia es clara", ha sostenido la titular del juzgado que ha argumentado que la decisión de prohibir retirar bienes del recinto sin informar previamente a la parte demandada responde "a una situación de urgencia patente", ya que los Franco habían contratado vehículos para llevárselos. "La urgencia surge cuando los demandados, diciendo que van a entregar voluntariamente el Pazo, previamente quieren proceder al traslado de bienes en 50 camiones, que sin duda son muchos camiones, lo que se traducía en un vaciado de no se sabía qué", ha asegurado. En este sentido, la magistrada insiste en que era "necesario saber qué existía en Meirás" antes de permitir "trasladar todo tipo de bienes desconocidos".

"De no haber adoptado las medidas cautelares, nunca sería posible acoger una decisión futura, nunca podría debatir si, por ejemplo, un escudo se integra o no en la ejecución y propiedad del Estado, porque los bienes habrían, simplemente, desaparecido", ha proseguido. Finalmente, la jueza ha remarcado que, una vez realizado el inventario, el Estado tendrá que plantear "qué bienes entiende que tienen que ser entregados o no". Así, ha asegurado que "no tiene sentido abrir ahora el debate sobre qué bienes se integran o no en el Pazo" porque la sentencia no es firme.

La solicitud de depósito efectuada por el Estado, según afirma en el acto, resulta aceptable porque es "congruente con la finalidad de poder entrar a debatir cuál forma parte de la ejecución, todo, nada o parte". Los Franco insisten, a última hora, con que están dispuestos a dejar los muebles del Pazo de Meirás por un "precio razonable". Pero ya es demasiado tarde.