El Juzgado de Instrucción número 2 de Girona ha elevado al Tribunal Supremo una petición para que se abra una nueva causa contra el president en el exilio y eurodiputado Carles Puigdemont, por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental por irregularidades relacionadas con la utilización de fondos de la empresa de aguas de Girona, Agissa, cuando Puigdemont fue alcalde de Girona entre 2011 y 2016, según avanza El Español.
La eventual apertura de esta causa supondría la redacción de una nueva euroorden, que en caso de ser aceptado el suplicatorio al Parlamento Europeo i que se retirara la inmunidad como europarlamentario de Puigdemont no debería encontrarse con las trabas de las anteriores, ya que a diferencia de los delitos de rebelión y sedición por los que se quería procesar a Puigdemont a raíz del 1-O, los que se le imputarían ahora —prevaricación, fraude y falsedad— pertenecen a la categoría de delitos de corrupción, por lo que estarían exentos del control de la doble tipificación de los hechos por parte del país —en principio, Bélgica— que reciba la euroorden para la entrega de Puigdemont.
"Indicios de criminalidad"
Para la titular del juzgado existen "indicios de criminalidad" contra Carles Puigdemont tras investigar las presuntas irregularidades desde 2016 a raíz de una querella de la CUP referida a la gestión de Agissa, que es una sociedad mixta participada en un 20% por los ayuntamientos de Girona, Salt y Sarrià de Ter, mientras que el 80% restante pertenece a la empresa privada Girona SA.
Según el medio citado, que ha tenido acceso a la exposición de la magistrada Elena Román, las irregularidades tendrían relación con la compra de una colección de obras de arte valorada en 4,7 millones de euros con fondos municipales procedentes de un canon extraordinario por agua que, en teoría, debía revertirse en el propio servicio de suministro.
La juez considera que Puigdemont, entonces alcalde de Girona, validó la compra con el uso “ilícito” del dinero proveniente del canon extraordinario del agua.
Remisión del informe al fiscal
Una vez recibida la petición, el Supremo remitirá el informe a la fiscalía añadiendo la acreditación de inmunidad de Puigdemont en tanto que eurodiputado, para que esta se pronuncie sobre la admisión o no de la exposición razonada. Si finalmente el Supremo decidiera abrir una nueva causa a Puigdemont, habría que cursar otro suplicatorio al Parlamento Europeo para que levante la inmunidad del encausado.