Una magistrada de Sabadell ha preguntado si se tienen que amnistiar a los agentes de la Guardia Civil acusados de haber vejado y torturado Jordi Ros, uno de los 12 CDR procesados de la operación Judas, según ha denunciado Alerta Solidaria este viernes. La organización independentista recuerda que hace justo un mes que la Audiencia de Barcelona hizo reabrir esta querella, presentada después que Ros fuese detenido y conducido a Madrid el 23 de septiembre de 2019. Identificó a 11 agentes de la Guardia Civil, aunque podrían ser más, y el juzgado no tramitaba sus peticiones, según denunció su abogado, Xavier Monge. Y ahora, sin ninguna investigación hecha, la magistrada del juzgado de instrucción 2 de Sabadell ha preguntado al abogado de Ros, a la Fiscalía y a la defensa de los agentes si se les tiene que aplicar la norma del olvido penal. Alerta Solidaria ya lo ha rechazado y, además, recuerda que la ley prohíbe exculpar estos casos graves contra la dignidad de las personas.
La ley de amnistía del procés permite decretar el archivo "de actuaciones policiales" enmarcadas en impedir y frenar las consultas del 9-N y del 1-O, así como las acciones encaminadas a frenar el procés de independencia de Catalunya. Es el caso de los 46 agentes de la policía española acusados de pegar votantes, que un juez de Barcelona ya ha amnistiado, a pesar de que el archivo ha sido recurrido a la Audiencia de Barcelona. No obstante, la norma excluye de la amnistía aquellas acciones que hayan superado un "umbral de gravedad", y hayan provocado lesiones o vejaciones graves a las personas, como sería el caso de Ros.
Medida dilatoria
La organización de la izquierda independentista expone que la querella por torturas se presentó a principio de 2020, pero que desde el juzgado de Sabadell “se boicoteó” la investigación durante cuatro años, hasta que la Audiencia de Barcelona le ha ordenado que haga una mínima instrucción. Pero, el 18 de junio pasado, la magistrada dictó una providencia para consultar si tiene que aplicar la amnistía. El abogado de Ros no lo recibió hasta el 11 de julio pasado, denuncia. “Esta providencia es una nueva maniobra dilatoria, que solo persigue frustrar toda investigación sobre las torturas y las vulneraciones de derechos fundamentales como el hecho que la detención y los registros se hicieran sin contar con asistencia letrada ni comunicarlo en el Colegio de Abogados”, manifiesta Alerta Solidaria.
Pendientes de la amnistía
Paralelamente, los 12 ciudadanos acusados de terrorismo en la operación Judas esperan que la Audiencia Nacional les aplique la amnistía y no consulte al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), como ha propuesto al considerar que la ley deja en papel mojado la directiva comunitaria sobre terrorismo. Los abogados de Alerta Solidaria ya han contestado al tribunal que la ley de amnistía es respetuosa con la directiva de la UE, que es más restrictiva que el Código Penal español, puesto que especifica que la gravedad de los hechos tiene que ser valorada. Los CDR son acusados de pertenecer a grupo terrorista y de provocar estragos en grado de tentativa; es a decir, que no causaron heridos ni daños en sus planificaciones de querer impulsar la independencia del país.