Primero, la ley de amnistía del procés. La instructora del Tribunal Supremo del caso Tsunami Democràtic, Susana Polo, ha comunicado que suspende los interrogatorios como investigados de terrorismo del president en el exilio Carles Puigdemont y del diputado de ERC Ruben Wagensberg, que había fijado para la semana que viene, del 17 al 21 de junio, según han informado fuentes jurídicas presentes en la causa a ElNacional.cat. La magistrada hizo la citación el abril pasado y ofrecía a los aforados hacer una declaración voluntaria y por videoconferencia porque los dos están en el exilio. Además, en aquellas fechas Puigdemont era eurodiputado y hacía falta pedir permiso al Parlamento Europeo (un suplicatorio) para interrogarlo, protección que ya no tiene al haber escogido el acta de diputado en el Parlament de Catalunya. El motivo de la suspensión es que este martes, con la entrada en vigor de la ley de amnistía, la magistrada Polo ha dado 10 días a las partes personadas en el caso de Tsunami para que digan si los dos investigados pueden ser amnistiados, y, por lógica, para la instrucción hasta aclararlo. La decisión de la instructora de Tsunami sobre si aplica o no la norma del olvido penal a los dos políticos de Junts y ERC podrá ser recurrida ante la sala de lo penal del Supremo, que dirige Manuel Marchena.
Por ahora, en la causa de Tsunami en el Supremo se ha personado el abogado del republicano Wagensberg, el penalista Andreu Van den Eynde, y los abogados de las diferentes acusaciones particulares y populares formadas por dos agentes de la policía española y entidades españolistas. El abogado de Puigdemont, el penalista Gonzalo Boye, no ha considerado prioritaria su personación. Con la entrada en vigor de la ley, Esquerra ha anunciado que ya ha pedido la amnistía para 37 cargos, entre ellos Wagensberg, y los encausados de Tsunami en la Audiencia Nacional, que no son aforados: la secretaria de ERC, Marta Rovira; la dirigente republicana Marta Molina, y el exconseller Xavier Vendrell. Precisamente, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón también ha dado 10 días a las partes para que se pronuncien si los investigados de Tsunami pueden ser amnistiados.
La videoconferencia cuestionada
El diputado republicano, que se exilió a Suiza el noviembre pasado cuando el juez de la Audiencia Nacional lo puso en la lista de 12 imputados por terrorismo por haber impulsado manifestaciones de protesta a través de la plataforma anónima de Tsunami, estaba dispuesto a declarar por videoconferencia. No obstante, la magistrada del Supremo no ha activado, tal como acordó, la comisión rogatoria internacional, a través d'Eurojust, para que pudiera hacer la declaración desde un juzgado del país helvético al tribunal de Madrid, posiblemente porque ya tenía previsto que la ley de amnistía sería aprobada antes, como así ha sido. Además, la policía española respondió al encargo de la jueza de localizar Puigdemont, que la Interpol en Francia no lo había conseguido, a pesar de que hacía mítines diarios en Argelers.
La acusación de los dos policías, ejercida por el penalista Josep Maria Fuster-Fabra, presentó un recurso contra la declaración por videoconferencia al asegurar que no había ninguna seguridad jurídica desde el lugar donde se conectaría, además de recordar que al juez del Supremo Pablo Llarena no lo había permitido por la causa del 1-O. El abogado del diputado republicano, Andreu Van den Eynde, replicó en un escrito al juzgado que hay convenios entre países para hacerlo, tal como ha defendido la magistrada Polo.
El espionaje del CNI
Paralelamente, Van den Eynde ha insistido a la instructora que Wagensberg no ha cometido ningún delito y menos un delito de terrorismo y que en la causa solo se le relaciona con unas conversaciones de cómo difundir comunicado para que las movilizaciones sean pacíficas. "Imputar a Tsunami Democràtic delitos de terrorismo es una reacción desproporcionada que atenta contra los derechos civiles y políticos de la ciudadanía y desincentiva el derecho de protesta", manifiesta Van den Eynde. Y, con el fin de poder ejercer su defensa, pide a la instructora que le facilite copias originales del material informático decomisado al Wagensberg, y que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) aclare si ha investigado Tsunami, tal como consta en las autorizaciones del Supremo al CNI para espiar con el software Pegasus al presidente Pere Aragonès.