La magistrada María Tardón, sustituta natural del juez Manuel García-Castellón en el juzgado de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, está poniendo al día la causa de Tsunami Democràtic. La magistrada ha replicado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que el magistrado no ha bloqueado ni ha tirado atrás el recurso que presentó contra su resolución, del 6 de noviembre pasado, que imputaba el delito de terrorismo al presidente Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a 10 personas más por haber impulsado la plataforma Tsunami Democràtic. El motivo, según explica en una providencia de este martes, es que el juez García-Castellón había parado el plazo para dar voz en el recurso de apelación a dos agentes de la policía española, que recientemente se han personado como acusación particular por las heridas sufridas en una manifestación en Via Laietana contra la sentencia del procés, en el 2019.
"Del examen de las actuaciones, por lo tanto, se concluye que el magistrado instructor titular de este juzgado, no ha acordado retrotraer ni reiterar ninguna actuación procesal, sino que ha procedido a dar traslado del recurso de apelación a las víctimas personadas como acusación particular en el curso del trámite de los recursos interpuestos, procediéndose entonces a la suspensión del plazo, a fin de permitir su personación con las garantías previstas legalmente, en una interpretación conforme al espíritu tanto del Estatuto de las Víctimas del Delito, como de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo", afirma la magistrada Tardón en la resolución.
Marta Rovira se persona
Paralelamente, este martes se ha conocido que la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que la deje de buscar en Suiza, donde pidió una comisión rogatoria para localizarla, y que se persona en la causa de Tsunami con el abogado de la izquierda abertzale Iñigo Iruin. El juez la hace líder de la plataforma de Tsunami simplemente por unas conversaciones con el exconseller Xavier Vendrell, que ante su queja, Rovira se compromete a obtener el apoyo del partido a las movilizaciones en la calle.
Terrorismo o desórdenes
La jueza de la Audiencia Nacional precisa que cuando se acabe el plazo elevará el recurso de la Fiscalía, al que se han adherido todas las defensas, a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, la cual tiene que decidir si tumba la investigación por terrorismo, puesto que considera que los hechos podrían encajar solo en el delito de desórdenes públicos, y para dos activistas y no para Puigdemont ni ningún político investigado. Inicialmente, el plazo se acaba a finales de la semana próxima.
Las acusaciones personadas
El abogado José María Fuster-Fabra se personó a la causa de Tsunami Democrático, el 14 de noviembre pasado, en nombre de dos agentes de la policía española heridos graves en una de las protestas. En el escrito, el penalista calificó los actos de las protestas contra la sentencia del proceso de "terrorismo de calle". A pesar de que no hay autor conocido de las lesiones de los policías, el juez García-Castellón los ha admitido como parte. Y, ahora, la magistrada Tardón detalla que el 28 de noviembre el juez García-Castellón suspendió la elevación de los recursos a la sala de lo penal y dio cinco días a la representación de los agentes para que se pronuncien antes de trasladarlo.
Inicialmente, en la causa de Tsunami, había la acusación popular de Vox, y recientemente se personó la asociación Dignidad y Justicia, que sostiene que trabaja para las víctimas de ETA y su presidente es diputado del PP, y que el juez admitió con una fianza mínima de 200 euros. El juez ha hecho caso a esta acusación popular para elevar la causa de Tsunami al Tribunal Supremo para que investigue Puigdemont porque es aforado al ser eurodiputado, sin esperar la respuesta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional.