Cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales han puesto hoy las bases de la reivindicación que empezará el próximo mes de abril si no se refuerza la independencia judicial y no se moderniza la administración de justicia y las condiciones de jueces y fiscales. Todo está en manos de las Cortes Generales, el ejecutivo de Mariano Rajoy y del Consejo General del Poder Judicial.

La asociación profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria y Jueces por la Democracia, y el Forum judicial independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales firman un comunicado conjunto donde dicen que el "balance no puede ser más decepcionante" y que "no parece haber una mayoría clara en el parlamento favorable a la reforma del organismo de gobierno de la Judicatura ni tampoco un proyecto de independencia del Ministerio Fiscal, ni un compromiso firme de los grupos parlamentarios para llegar a un pacto de estado por la justicia después del fracaso de la subcomisión" que se creó para trabajar todos estos aspectos.

Las medidas de presión empezarán en abril con una lectura de las propuestas. El 14 de abril está convocada una concentración en Madrid, y a partir de ese día empezarán los paros parciales de una hora (de 12 h a 13 h) todos los jueves de cada mes. Si las negociaciones siguen atascadas, se convocará una huelga para el próximo 22 de de mayo, donde están llamados a detener su actividad 5.500 jueces y 2.407 fiscales de todo el Estado español.

La judicatura culpabiliza en parte el CGPJ porque "ha hecho caso omiso a nuestra propuesta sobre nombramientos judiciales, de acuerdo con criterios de mérito, capacidad, igualdad de género y transparencia. Y sigue sin cumplir con su obligación legal de fijar las cargas de trabajo, como le recuerda la reciente sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional", dicen a los jueces.

El malestar pasa también por la carga de trabajo y el estancamiento de los medios y las retribuciones. "El Gobierno ha renunciado a incrementar el número de miembros de la carrera judicial y fiscal con el fin de ir equiparando en la media europea y no hay rastro de la racionalización de la planta judicial y fiscal, evitando así la precarización de las últimas promociones," expone el comunicado conjunto.

Tampoco se ha convocado la mesa de retribuciones que por ley tiene que reunirse cada cinco años con el fin de reclamar las mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos ocho años. Solo hay que recordar que el año 2010 se vieron reducidas las retribuciones muy por encima de la función pública, con el pago irrisorio de guardias de jueces y fiscales. Nada se hace para mejorar el proceso de digitalización, y en particular su desigual aplicación en el territorio nacional ", añaden.