Decisión inesperada del Tribunal Supremo, que ha resuelto que es competente para juzgar el caso del 1-O, pero lo ha dividido en dos y ha enviado toda la causa de la Mesa del Parlament —sin Forcadell— al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
Los acusados por desobediencia serán juzgados en el TSJC. El Tribunal Supremo confirma por unanimidad su competencia para enjuiciar los delitos de rebelión y de malversación de caudales públicos en la causa del procés, y remite al TSJC la parte que afecta a los seis procesados a los que el fiscal solo acusaba de desobediencia.
La sala de lo penal del Supremo enjuiciará a los acusados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila. El Supremo estima, no obstante, la declinatoria de jurisdicción planteada por las representaciones legales de los procesamientos Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet Santacana, Joan Josep Nuet, todos ellos miembros de la Mesa del Parlament, y Mireia Boya, a los que se acusa de un delito de desobediencia.
La investigación de los miembros de la Mesa vuelve donde empezó, el TSJC. Menos la parte de Carme Forcadell porque le atribuyen los delitos de rebelión y malversación, aunque es la máxima responsable de la mesa y con quien empezó la investigación sobre las decisiones tomadas en el Parlament para debatir y votar la ley de transición nacional y activar los mecanismos para impulsar la proclamación de la república el 27-O, que nunca se llegó a desplegar.
A pesar de que no se ha podido demostrar la malversación porque los informes de Hacienda no avalan este delito, el Supremo lo mantiene. Y sobre la violencia que sostiene el delito de rebelión, no hay nada más allá de las manifestaciones y convocatorias públicas
Con este juicio dividido en dos, más la causa contra el mayor Trapero, que está en la Audiencia Nacional, serán tres los juicios que se celebrarán por el 1 de octubre. Y todavía faltará ver cómo se resuelve el proceso judicial que está todavía en la fase de instrucción en el juzgado número 13 de Barcelona, que investiga buena parte de los cargos de confianza de Junqueras que prepararon el referéndum del 1-O.
Manuel Marchena presidirá el tribunal que tiene que juzgar a los 12 acusados y ha puesto ya en marcha todos los trámites previos al juicio.
El juicio
Antes de fijar la fecha y el guion, Marchena tiene que recibir los escritos de las defensas, que disponen de 10 días para presentarlos, aunque los abogados han pedido más tiempo. Queda pendiente que dicte el plazo exacto.
También se tiene que resolver la lista de testigos que pasarán por la sala del Tribunal Supremo para probar los argumentos de las defensas y las acusaciones.
Y todavía hay que ajustar los días en que se celebrará el juicio, que podría durar unos tres meses, de febrero a abril. Si las previsiones se siguen cumpliendo, Marchena podría dar inicio al juicio la última semana de enero.