Por primera vez a la historia este lunes veremos a un presidente de Catalunya sentado en el banquillo de los acusados de un tribunal, en plena democracia, para cumplir el mandato como gobernante de un país. Esta es básicamente la tesis de la defensa con la que los abogados de Artur Mas, Joana Ortega y Irene Rigau trabajan desde su imputación.

La preparación del juicio, que empieza este lunes, al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y que tiene previsto que acabe el viernes, 10 de febrero, se ha intensificado estas últimas 48 horas. A pesar de la jugada de la Fiscalía Anticorrupción para distraer a los letrados del juicio del 9-N con la operación Pika, los abogados se han encerrado con los acusados para preparar el juicio más importante y mediático que han afrontado hasta ahora, por|para el contexto político, social y por|para el tipo de delitos que llevan al banquillo de los acusados en la cúpula de un gobierno.

El tribunal que juzgará Mas, Ortega y Rigau está presidido por el mismo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Jesús Maria Barrientos. Con él, los magistrados Carlos Ramos y Eduardo Rodríguez seguirán la vista. Barrientos será el encargado, como ponente, de hacer el texto de la sentencia una vez acabado el juicio. Una sentencia que no se espera para antes de los 15 días posteriores al juicio.

Los argumentos de la defensa

Mas, Ortega y Rigau se enfrentan apenas de 9 y 10 años de inhabilitación por|para los delitos de desobediencia grave y prevaricación. Les acusan de desobedecer la orden del Tribunal Constitucional que prohibió la preparación de la consulta del 8 de noviembre del 2014. En la resolución, el tribunal evita advertir Mas sobre la obligatoriedad de cumplir sus decisiones, como pedía el Estado, pero establece que quedan suspendidos todos los actos "de preparación de la consulta o vinculadas a ella".

Por este motivo fuentes de la defensa mantienen que "no se ha desobedecido nadie" y en eso basarán buena parte de sus alegatos para obtener la absolución de Mas, Ortega y Rigau.

Los argumentos de la acusación

La Fiscalía, pero acusa al ex presidente, la ex vicepresidenta y la ex consellera de enseñanza de haber desobedecido intencionadamente el TC e intentar hacer creer que habían dejado la organización de la consulta del 9-N en manos de voluntarios: "Generar la apariencia de que las actuaciones administrativas públicas se paralizaban y el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios, cuando en realidad no era así", dice el escrito de acusación. Y asegura que "los acusados eran plenamente conscientes de que con eso rompían el obligado acatamiento a las decisiones del Tribunal Constitucional", dice en su escrito de acusación el Ministerio Público.

Reclama, además, a Mas una indemnización de 36.000 euros y a las conselleres de 30.000. En el cierre de la instrucción el juez ya retiró el delito de malversación de dinero público que pedía la Fiscalía y que era lo que comportaba la pena más alta, más grave y más ejemplificante: la prisión.

La Fiscalía considera Mas el autor de los hechos y Ortega y Rigau, cooperadoras necesarias.

El guion previsto

Artur Mas, Joana Ortega y Irene Rigau tienen que declarar el mismo día que empieza el juicio, el lunes, después de las cuestiones previas. No se sabe, por lo tanto, a qué hora harán la declaración. Aunque el juzgado ha previsto sesiones sólo de mañana, están todas las tardes reservadas por si se alarga.

Según el guion previsto, a partir del martes desfilarán 35 testigos por la sala de vistas entre los cuales está el exconseller de la Presidencia, Francesc Homs, también imputado por el 9-N, pero con la causa en el Tribunal Supremo por|para su condición de aforado. Homs declarará el 8 de febrero, el miércoles, junto con los expresidentes del Parlamento Núria de Gispert y Joan Rigol.

El mismo día están citados el exalcalde de Barcelona y concejal de CiU Xavier Trias y el presidente de la Asociación Catalana de Municipios, Miquel Buch. El coordinador de la consulta, Joan Cañada y la exdiputada Gemma Calvet, declararán el martes, 7 de febrero.

El tribunal ha desestimado la petición de las defensas para que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá declaren como testigos en el juicio.

El jueves a última hora y el viernes estarán los informes periciales. Y si todo va sobre el previsto, el viernes se harán los informes finales de todas las partes. El Tribunal ha reservado el lunes 13 de febrero por si se alargan las comparecencias y necesitan un día más para cerrar el juicio.

Despliegue de macro juicio en el tribunal

El equipo que prepara el juicio lo hace con la vista puesta dentro y fuera la sala de vistas. Estas últimas semanas han tenido que citar todas las partes y todos los testigos, revisar las pruebas que se tienen que presentar en el juicio y garantizar que todo funcione, como la señal institucional.

No son áliens a la convocatoria masiva de la movilización de apoyo que se prepara para el lunes, y a pesar de no mostrarse excesivamente preocupados, sí que son conscientes de lo que supone.

Hay acreditados 342 periodistas, fotógrafos, cámaras de televisión y técnicos de 70 medios de comunicación, siete de ellos extranjeros, seguirán el juicio. Se'han habilitado 3 salas de prensa, el señales del juicio se realiza con tres cámaras y por primera vez en Catalunya se podrá seguir en directo por streamming.

La seguridad

Hay más de 20.000 personas inscritas a la convocatoria de apoyo|soporte. Y el Gobierno en pleno, menos los consellers Mundó y Jané, tienen previsto acompañar a los acusados hasta la puerta del TSJC. El que supone un despliegue de seguridad, también, excepcional.

En las puertas del TSJC habrá varias unidades de los Mossos D'Esquadra. Las habituales en acontecimientos de este tipo, y las que se han encargado de la seguridad los días que han ido a declarar los mismos acusados, la presidenta del Parlamento Carme Forcadell o Francesc Homs, como la ARRO, con el refuerzo de las unidades de Seguridad Ciudadana y las escoltas personales de cada uno de los miembros del gobierno que irán desde el Palau de la Generalitat hasta el TSJC.