¿Hay realmente separación de poderes en España? Eso es lo que muchos se preguntan estos días, después de ver por primera vez en democracia a un presidente de la Generalitat y a dos conselleres sentados en el banco de los acusados por la consulta popular del 9-N de 2014.
La sombra de que este fuera un juicio político ha eclipsado las sesiones durante toda la semana, haciéndose más patente todavía hoy, cuando el fiscal Emilio Sánchez Ulled ha intentado justificarse, asegurando que "no se estaba juzgando la democracia" y que su acusación era "justa e imparcial". Por otra parte, Artur Mas, Joana Ortega y Irene Rigau, así como sus abogados, han cargado contra el fiscal y el Tribunal Constitucional, y han cuestionado su independencia.
España, en la cola de Europa
Hasta aquí, podríamos decir que todo es opinable y justificable y que es un derecho de las partes argumentar su posición, pero ¿cómo lo ven los ciudadanos? Si nos fijamos en el último barómetro de la Unión Europea, el correspondiente al 2016, más de la mitad de los ciudadanos ven injerencias políticas en el sistema judicial.
De hecho, casi un 60% de los españoles percibe la independencia de la justicia española como mala o muy mala. Por detrás tiene sólo Eslovenia, Croacia, Italia, Bulgaria o Eslovaquia. Es decir, España es la número 22 en independencia judicial de los 28 estados de la UE, según las valoraciones de los ciudadanos.
¿Y la razón? Pues más de un 50% lo atribuye a interferencias y presiones del gobierno y de los políticos. Por detrás, sólo hay los países ya mencionados.
Por lo contrario, estados como Finlandia, Dinamarca, Luxemburgo o Países Bajos no llegan ni al 10% los ciudadanos que ven injerencias políticas en su sistema judicial. Pero además, entre el 10 y el 20% se sitúan unos cuantos países más: Irlanda, Reino Unido, Alemania, Estonia, Malta, Suecia o Austria; y Francia y Bélgica están muy cerca.
Poca confianza en el sistema judicial
No es el único dato negativo para el sistema judicial español. Un informe publicado por el OCDE el año 2014, aseguraba que la confianza de los españoles con el sistema judicial del Estado era muy bajo. Sólo el 36% de los ciudadanos confiaba en él, muy por debajo de la media de los países del OCDE que es del 54%, y por debajo de países como Brasil, Rusia, Polonia o México. Mientras tanto, en Dinamarca la confianza es del 83%, en Finlandia del 74% y a la Alemania del 67%.