Segunda cita. El Tribunal Supremo juzgará este miércoles a la diputada de la CUP Eulàlia Reguant por un delito de desobediencia grave a un tribunal, porque no quiso responder al partido ultra VOX en el juicio contra los independentistas catalanes, en el Supremo, al ser citada como testigo, en enero de 2019. Reguant ya se sentó en el banquillo de los acusados el 1 de marzo pasado para ser juzgada por desobediencia, pero el tribunal suspendió la vista en aceptar las alegaciones de su defensa que se había cerrado el caso contra ella cuando ya era diputada en el Parlament y le tocaba cerrar la instrucción al alto tribunal español, como se ha hecho. Medio año después se repetirá la escena. El tribunal consideró "pertinentes" las pruebas propuestas por la fiscalía y por la defensa y que "la acusada podrá declarar en catalán", como ella solicitó. Así, la cupaire lleva el catalán (con una traductora) a los siete magistrados del Tribunal Supremo que la juzgaran, además de defender la libertad de expresión.
La CUP ya ha anunciado que a las nueve y media de la mañana hará una concentración de apoyo a las puertas del tribunal, en la plaza de las Salesas, donde se espera que se reúnan representantes de todos los partidos independentistas catalanes. Intervendrán la portavoz del Secretariado Nacional de la CUP, Maria Sirvet y el diputado de la CUP-NCG, Xavier Pellicer. Al día siguiente del juicio de Reguant, el exdiputado de la CUP Antonio Baños será juzgado en un penal de Madrid (porque no tiene aforo) por el mismo delito de desobediencia grave porque también se negó a contestar a los abogados de VOX en el juicio contra los líderes del procés independentista. La CUP los ha bautizado como "dos juicios por dignidad antifascista", que se incluyen en los diecisiete que se celebran este trimestre contra 45 activistas independentistas, según datos de Alerta Solidària.
Vulneración de derechos
En el juicio, el tribunal ha admitido la declaración de la acusada y la lectura del incidente en el juicio en el Supremo. Nada más. No hay testigos citados. En enero de 2019, cuando la cupaire fue citada a declarar como testigo de Òmnium, el magistrado Manuel Marchena, presidente del tribunal, no supo resolver con mano izquierda una reivindicación de derechos de Reguant y consideró que lo desobedecía, aunque desde la defensa de Jordi Cuixart se intentó a suavizar un absurdo y pedía al magistrado que le hiciera él directamente las preguntas de la acusación popular de la extrema derecha.
La fiscalía rebajó la petición de castigo y ahora pide para Reguant cuasi el mínimo del delito de desobediencia ordinario (art.556 del Código Penal): cuatro meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo (es decir, para ser escogida, no por el cargo actual) durante el tiempo de condena.
Por su parte, la defensa de la diputada Eulàlia Reguant pide su absolución al darse "una vulneración flagrante a la libertad ideológica y de conciencia". En el escrito, su abogado, Daniel Amelang, insiste en que no se puede sancionar dos veces por la misma conducta, ya que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ya interpuso una corrección disciplinaria en forma de multa, de 2.500 euros, a Antonio Baños y a Reguant el año 2019. Asimismo, sostiene que la acusación vulnera la libertad ideológica y de conciencia de la acusada, así como su derecho a la libertad de expresión, porque defiende que Reguant actuó amparada por el artículo 418 de la Ley de enjuiciamiento criminal, que establece que ningún testigo "podrá ser obligado a declarar sobre una pregunta de la cual su respuesta pueda perjudicar material o moralmente, de forma directa e importante, a la persona." También argumenta que se vulnera su derecho a representación política, ante la petición de inhabilitación, ya que los hechos ocurridos fueron previos a que la acusada fuera diputada electa del Parlament: "Es una flagrante vulneración del principio de proporcionalidad."
El escaño en juego
Recientemente, Eulàlia Reguant ha afirmado que no tiene muchas dudas que el Tribunal Supremo la condenará. Si finalmente es condenada, hay que aclarar la inhabilitación si es por sufragio pasivo o para ocupar un cargo público, si es este último caso provocará un nuevo procedimiento para retirarle el escaño, aunque el castigo es inferior a los dos años que quedan de mandato en el Parlament. Se repetirá el extremo que sufrió su compañero Pau Juvillà, y el diputado canario en el Congreso, Alberto Rodríguez, casos que están pendientes del Tribunal Constitucional, mientras pasan los meses sin respuesta y con la retirada de las actas consumadas.
El primero que recibió este castigo severo fue el presidente Quim Torra. Dos magistrados del Constitucional indicaron en votos particulares que la retirada definitiva del cargo era excesiva, y cuestionaban que también se le retiró el escaño de diputado, aparte del cargo de presidente, que forzaron unas nuevas elecciones a Catalunya en el 2021.