Juicio exprés. La consellera Meritxell Serret ha comparecido hoy ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por su participación en el referéndum del 1-O. Lo ha hecho dos años después de su retorno del exilio, cuando decidió presentarse ante el Tribunal Supremo, y al día siguiente que su excompañera de Govern y de exilio Clara Ponsatí le dedicara un rosario de reproches, responsabilizándola de crear con su retorno pactado una doctrina Serret, que alimenta los autos del juez instructor, Pablo Llarena. Hoy, el juicio se ha hecho al mismo tiempo dentro y fuera de la sala del tribunal. La vista formal se ha puesto en marcha pasadas las diez de la mañana y el juez ha anunciado el visto para sentencia cuando pasaban tres minutos de las 13 horas.
A las puertas del TSJC han acompañado a la consellera un centenar de personas. La épica hace mucho tiempo ya que ha desaparecido de las visitas al tribunal. Antes de entrar en el edificio, Serret ha defendido en declaraciones a los medios "la estrategia jurídica y política" que le permitió volver del exilio. Los representantes de ERC, Junts y la CUP han toreado como han podido la polémica, atizada por los reproches de Ponsatí, en un intento de evitar que los restos de la unidad independentista se desangren precisamente a las puertas del tribunal que lo está juzgando.
Tampoco dentro del tribunal, que presidía el juez Fernando Lacaba, ha habido especial épica. Incluso los rifirrafes que el veterano abogado de la defensa, el abertzale Iñigo Iruin, ha protagonizado con el juez Lacaba han quedado a años luz de los piques del abogado de los exiliados de Junts, Gonzalo Boye. El primer encontronazo ha sido para conseguir que Serret se sentara al lado de su abogado. El juicio contra la exconsellera de Agricultura y actual responsable de Acció Exterior ha dedicado casi tanto tiempo a las cuestiones previas del abogado de la defensa como a los informes de las acusaciones. Se ha hecho todo en castellano, por respeto a "la defensa", como se ha encargado de subrayar la fiscal, Neus Pujal.
Debate por la "manifestación" de Serret
Serret, que, después del debate sobre dónde debía sentarse, también ha declarado sentada al lado de su abogado en lugar de hacerlo en el espacio habitual ante el tribunal, no ha querido responder al interrogatorio de las acusaciones. De hecho, tampoco tenía intención de responder a su abogado y ha explicado que quería reducir su intervención a "una manifestación". Eso ha descolocado al tribunal. "¿No responderá a su abogado?", ha querido aclarar al juez, que ha advertido que entonces no podría intervenir, dado que estas "manifestaciones" corresponden al derecho a la última palabra. Eso ha provocado un debate entre el juez y el abogado defensor, que ha recordado que el acusado tiene que tener derecho a manifestarse sin límite y ha reprochado que nunca se había encontrado con un encorsetamiento como este para la defensa, que "no tiene base normativa".
Iruin se ha resignado finalmente a formular preguntas, dado que así se lo exigía al juez, para dar pie a la intervención de su defendida. "Para eso está el interrogatorio", ha replicado el juez.
La pregunta ha sido: "¿Tuvo intervención relacionada con la convocatoria del referéndum?". Y Serret, como si no hubiera asistido al debate previo entre el juez y el abogado, ha arrancado su respuesta: "Me gustaría hacer una manifestación, que creo que engloba todos los mensajes que hoy quería expresar para este juicio". La consellera ha asegurado que defiende el proyecto político independentista, que se ha querido criminalizar pero que es legítimo, que tiene "derecho a defenderlo política y pacíficamente y a ganarlo democráticamente"; que una mayoría social en Catalunya ha expresado la voluntad de decidir cuál tiene que ser el futuro político de Catalunya; que como miembro del Govern tenía la obligación de cumplir los mandatos parlamentarios; que intentó tomar decisiones coherentes con este mandamiento "siempre y sin dudarlo"; y que organizar un referéndum no es un crimen de acuerdo con el Código Penal español. "Lo que estamos viviendo es un conflicto político de raíces democráticas. Un conflicto democrático como el que vivimos solo se puede solucionar a través de la política y de soluciones democráticas", ha remachado antes de reafirmarse en el hecho de que el 1-O "no fue un delito, que votar no fue un delito y que el proyecto independentista es legítimo".
Fiscalía: "No acusamos ideas, acusamos hechos"
El relato de la consellera ha tenido una respuesta igualmente contundente de la Fiscalía. "El ministerio fiscal, como no podría ser de otra manera, basará su informe estrictamente en términos jurídicos no hará electoralismo", ha arrancado la fiscal, Neus Pujal, que ha asegurado acto seguido: "Aquí no se están criminalizando ideas ni ningún proyecto político. No se ha sentado en el banquillo de los acusados ningún votante del 1-O",
La fiscal ha asegurado que no se está acusando a nadie por su pensamiento ni por sus ideas y que solo se está acusando por hechos concretos, como es la desobediencia "reiterada, continuada, obstinada y contumaz" de las órdenes del TC. La fiscal ha acabado su informe reiterando las acusaciones y la pena de inhabilitación que reclama contra Serret. En este punto, ha subrayado que la inhabilitación que reclaman para Serret incluya también la posibilidad de ejercer como eurodiputada.
A continuación, la abogada del Estado ha exhibido una capacidad sorprendente para leer a una velocidad de vértigo su informe, que se ha ventilado en 4 minutos, mientras que la acusación popular, de Vox, ha recordado que los consellers Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs fueron juzgados en el Tribunal Supremo también de un delito de desobediencia al igual que lo está siendo Serret y fueron condenados a inhabilitación. Iruin ha subrayado en su intervención que lo que se produjo el 1-O fue una diferencia entre legalidad y legitimidad, entre mandato democrático y constitucional. "En definitiva, se produjo una crisis constitucional derivada fundamentalmente por un conflicto sobre dónde está la soberanía, cuya resolución tendrá que transcurrir por vías diferentes a las judiciales", ha concluido.
Serret ha renunciado a su derecho a la última palabra y el caso ha quedado visto para sentencia antes de la hora de comer.