"Había voluntad para resolverlo por las dos partes. Sin embargo, en la administración todo cuesta mucho, y en el Ayuntamiento de Badalona, todavía más." Con esta frase, el exgerente de la empresa municipal Engestur, Cristian Carneado, ha resumido los problemas que tuvo -desde que asumió su cargo en el 2015- para que responsables municipales resolvieran, sin éxito, el caso de las dos antenas de telefonía móvil instaladas de forma ilegal en el solar de la comisaría de la Guardia Urbana de Badalona, en el 2012. Las compañías de Vodafone y Movistar sacaron las instalaciones en verano del 2018 porque no pudieron llegar a ningún acuerdo con los gobiernos locales, primero liderado por el PP y después con la coalición de Guanyem Badalona con ERC y ICV.

Carneado lo ha explicado este jueves ante el tribunal de la Audiencia de Barcelona, que juzga al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, y a otros cinco excargos municipales, como el exconcejal de Urbanismo, Oriol Lladó (ERC). La Fiscalía los acusa de prevaricación y les pide penas de prisión por haber permitido estas instalaciones sin el preceptivo permiso urbanístico y ambiental.

Conectadas al servicio eléctrico municipal

En la cuarta sesión del juicio, Carneado -que asumió el cargo que tenía Tomàs Vizcaíno, uno de los imputados- ha detallado que la empresa Engestur fue delegada para la tramitación de las antenas, pero ha añadido que "los permisos correspondía darlos al Ayuntamiento". Se enteró de la situación irregular de las dos antenas por una denuncia del Sindicato de Funcionarios de Policía (SPF), con agentes preocupados por las radiaciones, y al final supo que las dos antenas "no tenían papeles",  y además estaban conectadas al servicio eléctrico de las instalaciones municipales, sin saber qué licencias les hacían falta.

El entonces gerente de Engestur ha asegurado que el tema de las antenas lo hablaba con responsables municipales y políticos a cada encuentro, y con Lladó, hasta que se incorporó el concejal Francesc Duran, que era el vicepresidente de Engestur, y con quien trataba los temas; no el presidente o presidenta, que siempre es el alcalde de turno. Es decir, que no lo habló nunca con Albiol, a quien la fiscal pide 2 años y 10 meses de prisión, más 10 años de inhabilitación a cargo público. Para el exgerente de Urbanismo, Xavier Salvà, y para Vizcaíno pide el mismo castigo como cooperadores.

Disputa entre áreas municipales

Además de parálisis en la gestión, los testigos que han declarado este jueves en la Audiencia de Barcelona han destapado una disputa entre áreas del consistorio badalonés  sobre cuál tenía la responsabilidad sobre el conflicto de las antenas. Dos responsables de Vodafone han explicado que hablaron varias veces con Josep Duran -jefe de área de licencias en la época de la alcaldesa Dolors Sabaté, y uno de los imputados- para intentar llegar a firmar un convenio de ocupación del terreno. "Había inquietud de los jefes de Vodafone para legalizar la situación porque no se pagaba nada", ha declarado Carles Esquerra, responsable jurídico de la compañía, que en marzo de 2018 intentó un acuerdo.

Esquerra ha asegurado que la tramitación de una licencia para antenas de telefonía móvil no era clara: "En 8.000 ayuntamientos me he encontrado de todo." Ha añadido que mantuvo "una conversación franca con Josep Duran para pagar y legalizarlo todo". Desde las compañías ofrecieron darles modelos de convenios, pero no tuvieron ninguna respuesta. Y, meses después, en julio de 2018, Vodafone y Telefónica desmontaron las antenas.

En este sentido, el exgerente de Engestur ha detallado que también habló con Josep Duran y que finalmente propuso una reunión con todas las partes, que tampoco llegó a buen puerto. Además, Carneado ha añadido que era el área de Patrimonio quienhabría de  tramitar la licencia o la posterior recuperación del bien público.

El exjefe del servicio de Patrimonio y tesorero accidental, Jordi Crisol, ha tirado pelotas fuera y ha asegurado que la responsabilidad era de Engestur y del área de Espacio Público y Territorio, "como en el caso de la instalación de terrazas en las calles". Por el contrario, el secretario del Ayuntamiento de Badalona del 2016 en el 2019, Isidre Martí, ha manifestado -a preguntas del presidente del tribunal- que "es el área de Patrimonio" quien tendría que recuperar un solar ocupado ilegalmente o sin licencia habilitante. Ha añadido que no se le pidió ninguna opinión oficial sobre el caso de las antenas, y que verbalmente dijo que "primero el Ayuntamiento tenía que decidir si quería dejar esta instalación, y en función de los usos, la licencia del área correspondiente". De los seis acusados por la Fiscalía, ninguno es del área de Patrimonio.

El jefe policial cerró el acceso a las antenas

Por otra parte, uno de los primeros a declarar ha sido el superintendente de la Guardia Urbana, Conrado Fernández Justes, que ha explicado en la Audiencia de Barcelona que ordenó la prohibición de acceso a hacer modificaciones o mantenimiento en las antenas al descubrir que "no existía contrato", en el 2017, dos años después de volver a su cargo, en el 2015. Incluso ha asegurado: "Alguna vez nos habían llamado del aeropuerto del Prat que las antenas interferían en los aviones." Ha explicado que agentes de la Urbana le mostraron su preocupación por la radiación de las instalaciones y sobre todo después de la muerte de 3 compañeros de cáncer, que -ha añadido- "seguramente no tenía nada que ver con las antenas, porque eran diferentes, pero los agentes estaban alterados".

Fernández, que continúa al frente de la Urbana, ha detallado que, inicialmente, no sabía que no tenían licencias las antenas, y que cuando habló con el concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Jurado -también investigado- "daba por supuesto que las instalaciones cumplían las autorizaciones".

A preguntas del abogado de Lladó, el penalista Andreu Van den Eynde, el superintendente ha confirmado que en el 2009 firmó un informe contrario a la instalación de antenas de telefonía móvil en el Turó d'en Caritg;  a pesar de que al final fueron instaladas en el 2012.

El juicio contra Albiol y los excargos municipales se reanuda el próximo lunes y es posible que ya empiecen a declarar los acusados. Inicialmente, el tribunal de la sección 5.ª de la Audiencia de Barcelona quiere que el martes se anuncien las conclusiones -momento clave en que la Fiscalía tiene que anunciar si mantiene las peticiones de prisión o las modifica- y cerrar el juicio el próximo miércoles con los informes finales, y el derecho a la última palabra de los procesados.