La lengua catalana siempre sale perdiendo en los tribunales. La Audiencia de Barcelona ha empezado, este lunes, el juicio contra el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), y otros cinco exresponsables del consistorio, acusados de prevaricación por la instalación de dos antenas de forma ilegal en el 2012 en un espacio calificado para equipamientos, al lado de una comisaría de la Guardia Urbana en el Turó del Caritg, y finalmente retiradas el 2018. El presidente del tribunal, el magistrado Josep Maria Assalit, ha empezado la vista hablando en catalán -como es habitual en él, todo y que es uno de los pocos magistrados que lo hace - y ha cambiado al castellano al decirle que el abogado de Vodafone -empresa, que junto con Movistar es responsable civil a título lucrativo en el caso- no entiende la lengua propia.
En el turno de cuestiones previas, el abogado de Albiol, el penalista Cristóbal Martell, ha pedido que declare al final del juicio para garantizar mejor su derecho de defensa. También lo han solicitado el resto de abogados. El juicio se ha programado durante toda esta semana y hasta el 18 de diciembre. Por su parte, el abogado Josep Riba en defensa del exconcejal de Seguridad Ciudadana de Badalona y actual concejal del PP en Santa Coloma, Miguel Jurado, ha pedido su dispensa durante tres días porque sufrió un ictus recientemente y tiene que ir a rehabilitación. El tribunal se lo ha aceptado porque es una cuestión de salud. Sin embargo, el tribunal ha rechazado la petición de la abogada del exgerente de la empresa pública Engestur, Tomás Vizcaíno, de dispensar su asistencia en el juicio por motivos laborales Y, el abogado Andreu Van den Eynde, ha pedido, en catalán, que el exconcejal de ERC, Oriol Lladó, encausado el 2015, también declare al final.
Declaración, al final
El tribunal de la sección quinta de la Audiencia de Barcelona ha permitido que todos los procesados declaren al final del juicio, y a las diez y media de la mañana ha acabado la vista de hoy. La sesión continúa mañana con la declaración de los primeros testigos: los Mossos de Esquadra que hicieron la investigación. Hay 43, además de los peritos.
A las puertas del Palacio de Justicia, García Albiol ha celebrado ante los periodistas que el caso haya llegado a juicio: "De una vez por todas se pondrá en evidencia lo que pasó y lo que no pasó. Y a partir de aquí que cada cual saque sus conclusiones."
Las almas y los funcionarios
En el turno de cuestiones previas, el abogado Cristóbal Martell ha aportado unos documentos ante notario para sacar responsabilidades sobre la gestión de licencias a Albiol, en su primer mandato como alcalde badalonés. "En un ayuntamiento de 220.000 almas con 1.000 funcionarios hay determinados extremos que son ajenos, naturalmente, a la alcaldía", ha afirmado el penalista. La empresa Engestur era la que tenía las competencias para dar las licencias a las empresas de telefonía móvil, según las defensas de Albiol y de Jurado.
Penas de prisión e inhabilitación
En el juicio, había el fiscal responsable de Urbanismo, Antoni Pelegrín, y una fiscal. Inicialmente, la Fiscalía de Medio Ambiente pide para Albiol 2 años y 10 meses de prisión y 10 años de inhabilitación a cargo público por el delito continuado de prevaricación, un delito continuado de prevaricación urbanística, y otro de prevaricación ambiental por la instalación de las antenas en la comisaría de la Guardia Urbana. La misma pena pide para Xavier Salvà, exgerente de Urbanismo, y Vizcaíno, como cooperadores.
Para Lladó y Josep Duran, jefe del departamento de licencias y obras en la época de l'alcaldesa Dolors Sabater, la Fiscalía solicita un año y 6 meses de prisión por el delito de prevaricación urbanística, y para Jurado, un año de inhabilitación a cargo público por delito de omisión del deber de perseguir delito.
La Oficina Antifraude de Catalunya cifró en 17.448 euros, el dinero que tendría que haber recaudado el consistorio por estas instalaciones, por eso el magistrado instructor indicó que Albiol y Vizcaíno tenían que aportar de forma solidaria una fianza en metálico de 20.000 euros. También ordenó que Vodafone aportara una fianza en metálico de 15.000 euros, la misma que se reclama a Movistar.