Ningún cambio. La Audiencia Nacional no ha aceptado, por ahora, ninguna cuestión de nulidad presentada por la defensa de Gonzalo Boye con el fin de excluirlo del juicio por narcotráfico y blanqueo, que se ha iniciado en la sede del tribunal que hay en San Fernando d'Henares, en Madrid, este lunes. La Fiscalía acusa al penalista de ayudar en la supuesta trama de narcotráfico liderada por José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, y blanquear 889.620 euros, que se decomisaron a otros cinco acusados en el aeropuerto de Barajas en febrero de 2017. La defensa lo niega y sostiene que solo realizó un asesoramiento legal al propietario del dinero, el acusado Manuel Pedro González Rubio.
En la vista, el abogado de Boye ha denunciado que se ha vulnerado su derecho de defensa. Y el primer agente de la policía española que ha declarado, como testigo protegido, ha asegurado que la organización que dirigía Miñanco fue "ayudada por Boye", según las escuchas telefónicas a los acusados, a partir de las cuales descubrieron que estaban planificando la extracción de drogas del barco Thoran. Con todo, el abogado de Boye no ha podido interrogar y contrastar las declaraciones de este policía porque el tribunal ha finalizado la primera sesión del juicio antes del interrogatorio de las defensas; cinco minutos antes de las dos del mediodía. Lo hará mañana, en el segundo día de la vista.
Apoyo de abogados y de Junts
Antes del juicio, Gonzalo Boye ha sido acompañado hasta la puerta de la Audiencia Nacional por un grupo de abogados catalanes y de responsables políticos de Junts, que han denunciado que la acusación contra él es política y por ser el abogado del president en el exilio, Carles Puigdemont.
En la sexta fila del banco de acusados
En el turno de las cuestiones previas, el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, con mano de hierro, ha denegado la suspensión del juicio porque faltaban dos de los acusados, Robert Miller y José Manuel Costa Rial, que está en la prisión de Senegal. El magistrado también ha recordado a los abogados defensores que les ha permitido que los acusados declaren al final del juicio, programado para enero de 2025.
En la sala, el penalista Gonzalo Boye se ha sentado en la sexta fila del banquillo de los 48 acusados, que se han dispuesto por orden de la lista de imputación de la Fiscalía, y el abogado de Puigdemont es el número 41.
A pesar de las nuevas pruebas aportadas por la defensa, los fiscales Ángel Bodoque y Cristina López mantiene la acusación contra Boye y le piden 5 años y 9 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales y 4 años más de prisión por el delito de falsificación documental, además de multas que superan los 3 millones de euros.
Una nueva prueba de la defensa
La defensa de Boye, ejercida por el penalista Eduardo García Peña, ha pedido al tribunal la nulidad de la entrada y registro del despacho profesional de Boye en Madrid, en octubre de 2019, y los informes que se le decomisaron al asegurar que recogía su estrategia de defensa, hecho —ha indicado— que "le causa indefensión". El tribunal, por ahora, no lo ha aceptado.
Además, el abogado de Boye ha aportado una nueva prueba documental para reforzar su exculpación del procedimiento. En el escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que Sito Miñanco y González Rubio se reunieron en el despacho de Boye para falsificar unos documentos para recuperar el dinero decomisado en Barajas, el 6 de febrero de 2017. La defensa ya presentó una pericial de geolocalización que precisa que ninguno de ellos estaba en Madrid.
En concreto, la defensa de Boye aportó la semana pasada los registros migratorios oficiales emitidos por Colombia que demuestran que la reunión entre Gonzalo Boye, Sito Miñanco y González Rubio en el despacho del abogado, que sostiene el escrito de acusación de la Fiscalía, nunca pudo producirse. En esas fechas, según los nuevos documentos oficiales aportados, González Rubio estaba en Colombia, por lo cual no pudo estar en Madrid en la reunión en la que dice el fiscal que estaban arreglando el blanqueo. Añade que un informe contrapericial de la UDYCO, basado en los geoposicionamientos de los teléfonos móviles de todos ellos, acreditó que Sito Miñanco estaba en Algeciras y Boye, en Marbella.
Un policía coordinador, testigo protegido
Recientemente, González Rubio ha aportado un documento al tribunal en el que también indica que el dinero confiscado era suyo. En este sentido, su abogado ha pedido, este lunes, que se entregue a los policías que hirió para que se le aplique la atenuante de reparación del daño. El magistrado Guevara le ha contestado: "Si son bienes suyos, constará."
No obstante, el coordinador policial, que ha declarado el primero en la vista como testigo, y de forma protegida, ha asegurado que “el dinero era de la organización”, liderada por Sito Miñanco, a quien ha definido "como un empresario del tráfico de drogas, que es muy riguroso, que tiene a expertos y personas fieles desde 2001". Y ha añadido que “los abogados eran conscientes de que falsificaban documentos”. Y ha citado el nombre de Boye. Sin dar más detalles.