Fecha fijada. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anunciado este viernes que ya tiene fechas para juzgar a la presidenta del Parlament suspendida, Laura Borràs, por el caso de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Ha fijado ocho días, con inicio el 10 de febrero y el final el 10 de marzo de 2023. La Fiscalía acusa a Borràs de prevaricación y falsedad documental y le pide 6 años de prisión y 21 de inhabilitación a cargo público. También serán juzgados Isaías Herrero, amigo de Borràs, acusado de haber obtenido 18 contratos fraccionados para actualizar la web de la Institució y a quien la fiscalía le pide el mismo castigo, y Andreu Pujol, amigo de Herrero por firmar una factura.
Se da la circunstancia que esta semana que desde la defensa de Borràs, ejercida por el penalista Gonzalo Boye, se anunció que se pediría la recusación del presidente del TSJC Jesús María Barrientos, como presidente y poniente del tribunal que juzgará la presidencia suspensa, por falta de imparcialidad. Los otros dos magistrados que conforman el tribunal son Fernando Lacaba y Maria Jesús Manzano. Habrá que ver si esta recusación es aceptada y hace aplazar las fechas del juicio.
La pericial de Borràs, a debate
En una segunda resolución, comunicada este viernes, el tribunal del TSJC detalla las pruebas que acepta y deniega para el juicio. En concreto, el TSJC inicialmente admite a trámite la pericial clave presentada por la defensa de Borràs. El octubre pasado, la fiscal Anticorrupción, Teresa Duerto, pidió al tribunal que expulsara uno de los dos peritos, Luis Enrique Hellín, por ser el pistolero de la ultraderecha que mató Yolanda González en Madrid el 1980. El tribunal precisa que la Fiscalía afirmaba que su condena era una “tacha”, y el tribunal ha respondido: “Se tiene por formulada la tacha sin otro efecto, que el que prevé el artículo 723 de la LECrim". Este artículo permite la recusación de un perito y que el tribunal lo resuelva. El tribunal ha resuelto que esta cuestión se platee en la primera sesión del juicio.
En el informe pericial, los dos peritos resumen en tres irregularidades graves, las pruebas encontradas por los Mossos de Esquadra y que consideran que no se pueden usar en el juicio. La primera y principal es que “no ha habido una cadena de custodia” del material comisado en el domicilio de Herrero, hasta que el procedimiento fue al Tribunal Supremo el 2021.
Justificar mejor los testigos
Precisamente, el tribunal también insta la Fiscalía y a la defensa de Borràs a justificar porque han solicitado 12 agentes de Mossos como testigos o los reducirá a 5. El tribunal también pide a Borràs que justifique porque pide el testigo de tres ex consejeros de Cultura. Además, el tribunal ha precisado que resolverá en el inicio del juicio si acepta que Laura Borràs declare al final de la vista, después de ver todas las pruebas, como se hace actualmente en gran parte de juicios, para garantizar mejor el derecho de defensa.