Este viernes arranca el juicio a Laura Borràs. Se trata de un litigio que, más allá de las posibles implicaciones personales, también tendrá efectos y consecuencias políticas para la presidenta de Junts per Catalunya. La más inmediata tiene que ver, precisamente, con la trayectoria de la presidenta suspendida del Parlament. La Fiscalía pide 6 años de prisión y 21 de inhabilitación para el ejercicio de un cargo público y la acusa de haber cometido los delitos de falsedad documental y de prevaricación en su etapa al frente del Institut de les Lletres Catalanes por haber fraccionado, presuntamente, contratos por valor de más de 300.000 euros. Una sentencia condenatoria, por lo tanto, podría trastocar y disminuir su proyección política. En paralelo, será una prueba de fuego por si, entre otros aspectos, afectaría a su papel al frente de Junts y si ello reabre fracturas internas en el seno de la formación. Una sentencia condenatoria obligaría a Junts a escoger un nuevo presidenciable. Y todavía más: Borràs hace frente a este juicio sin el apoyo de los otros partidos independentistas, Esquerra Republicana y la CUP, que consideran que este caso no se enmarca en la represión del Estado, sino que es "mala praxis de los fondos públicos". En cambio, contará con el apoyo de la ANC y el Consell de la República, pero no de Òmnium, que no irá como entidad.
Media hora antes del inicio del juicio —que este viernes, a partir de las 10 de la mañana, tiene previsto abordar el trámite de las cuestiones previas y se reanudará el próximo 20 de febrero—, hay convocada una movilización de apoyo a la presidenta de Junts ante el TSJC. El secretario general de la formación, Jordi Turull, envió la semana pasada una carta a la militancia para animarlos a ir ante lo que, según su opinión, es un "nuevo episodio de persecución política al independentismo a través de la represión sobre sus dirigentes". "Allí donde se produzca una injusticia, allí donde haya persecución política, allí donde se pongan en peligro derechos fundamentales, nosotros estaremos para denunciarlo. Como hemos ido siempre, y ahora también", sentenciaba Turull. De hecho, hay organizados seis autobuses para facilitar que afiliados del territorio puedan ir.
El juicio, una nueva prueba de fuego para la unidad de Junts
Este panorama abre, de nuevo, algunas dudas sobre la cohesión interna de Junts per Catalunya en un contexto en que el futuro político de la presidenta del partido es incierto. Después de la consulta, en que la militancia apostó por salir del Govern —los afines a Borràs se alinearon decididamente por esta opción—, las diferentes almas del partido han procurado mantener una convivencia más tranquila y trasladar una sensación de pacificación una vez se llegó al punto álgido de división con la votación sobre la continuidad en el ejecutivo y con el caso Dalmases. A modo de anécdota, en el primer Consell Nacional del año, celebrado en Igualada, algunos de los miembros salían muy satisfechos sobre el transcurso de este: "Parecemos un partido de orden", apuntaban, a diferencia de episodios que se vivieron, como cuando Jaume Alonso-Cuevillas dijo en una entrevista a SER Catalunya a finales de octubre que una parte de la dirección de Junts había querido convertir a Borràs "en pieza de caza mayor".
En todo caso, ahora hay miradas puestas en qué miembros del partido irán, aunque se prevé que haya pesos pesados de la ejecutiva nacional del partido y de los grupos parlamentarios. En público, el apoyo es bastante explícito; pero puertas adentro, Borràs no suma tantos adeptos. En los últimos días, algunos diputados de Junts y miembros de la ejecutiva han compartido un vídeo denunciando que es un caso de "persecución política" y animan a "apoyarla". En el vídeo, no aparece el logotipo del partido y cabe decir que lo han compartido, justamente, los más próximos a la presidenta de la formación. Este nuevo reto para calibrar los equilibrios internos del partido llega cuando faltan menos de cuatro meses para unas elecciones municipales, las primeras de Junts como partido político registrado y la primera convocatoria posterior a la salida del ejecutivo. Una contienda que ven "clave" y que puede reavivar las expectativas del partido con un Xavier Trias que ha cambiado las encuestas de Barcelona y sitúa la lista juntaire al frente de la carrera para liderar el ayuntamiento más importante y más grande del país.
Hace semanas que Trias avisa que quiere un partido "fuerte" y que "deje de hacer tonterías". De hecho, este es uno de los ingredientes en que el alcaldable insiste para poder llegar fuertes al 28 de mayo y tener opciones en hacer reales los vaticinios demoscópicos. Al mismo tiempo, el discurso del exalcalde toma distancia de los postulados más unilaterales del sector encabezado por Laura Borràs y retoma expresiones más propias del gen convergente, como cuando instó al partido a ser "el pal de paller" del país en la Convención Municipalista de Girona. Una victoria del alcaldable en Barcelona puede hacer que la vía más pragmática tome fuerza en el seno de Junts.
El futuro político de Laura Borràs
El examen más importante, sin embargo, será el veredicto del juicio. Una inhabilitación pondría fin, por ejemplo, a la posibilidad que Laura Borràs vuelva a intentar encabezar la lista de la formación en el Parlament y concurrir como candidata a la presidencia de la Generalitat, forzando al partido a escoger a un nuevo presidenciable. De hecho, impediría que Borràs pueda ejercer un cargo público y, en este caso, la incógnita también versaría sobre si mantiene el liderazgo de la formación. En este sentido, se aprobó en julio una modificación de los estatutos que contempla que, cuando se trate de casos de lawfare, no se aplique la suspensión de la condición de afiliado. Ahora bien, quien tiene la última palabra es la Comisión de Garantías, un órgano con quien Borràs ya tuvo diferencias —Magda Oranich denunció haber recibido presiones de la líder juntaire— por el informe sobre el episodio de Francesc de Dalmases en el 'Preguntes Freqüents' de TV3.
Con todo, la defensa, si lo estima oportuno, puede presentar un recurso ante el Tribunal Supremo en el caso de una sentencia desfavorable, hecho que implicaría que la sentencia no fuera definitiva hasta el pronunciamiento del alto tribunal. Sin embargo, cabe recordar que, en los casos de Quim Torra y Pau Juvillà, la Junta Electoral Central no esperó a este último pronunciamiento para retirarles el acta y dejó sin efecto sus credenciales. Este elemento, si se reprodujera en el caso de Laura Borràs, también abriría un debate sobre la sucesión al frente del Parlament.
En el otro extremo, si la sentencia fuera absolutoria, el reglamento del Parlament estipula que la reincorporación de Borràs a sus facultades sería inmediata y, por lo tanto, recuperaría la presidencia del hemiciclo. Pero eso tampoco supondría necesariamente que fuera, de nuevo, la jefa de cartel del partido a la Generalitat, a pesar del éxito en las primeras primarias para escoger candidato, en que la presidenta suspendida del Parlament se impuso a Damià Calvet con un 76% de los votos. En una entrevista en ElNacional.cat, por ejemplo, Jaume Giró no cerraba la puerta a presentarse —circunscribía la decisión a como vea a "la familia, el país y el partido"— y hay voces que, cuando se les pregunta por esta cuestión, manifiestan que hay "muchos activos" que se pueden postular en las primarias.
ERC y la CUP giran la espalda a Borràs, Òmnium se desmarca; la ANC se alinea con la dirigente de Junts
La visión del Govern, Esquerra Republicana y la CUP diverge de la de Junts. Estas tres partes no apoyarán a Borràs en los minutos previos al inicio del juicio. Por parte del ejecutivo, la portavoz Patrícia Plaja trasladó que no consideran que tengan que estar. En todo caso, pidió "respeto" a la presunción de inocencia y esperó que Borràs tenga "un juicio justo con todas las garantías". En el caso de Esquerra Republicana, han girado la espalda a la presidenta juntaire porque sostienen que no se trata de una causa vinculada a su actividad como política independentista, sino que lo atribuyen a una "mala praxis y una mala gestión de recursos públicos" en anteriores responsabilidades. Este lunes, Marta Vilalta apuntaba que "no podemos permitir que se reproduzcan casos de corrupción, banalizarlos o hacer ver que son lo que no son", una tesis que ya defendieron cuando el 28 de julio, la Mesa del Parlament decidió suspender a Borràs como diputada y presidenta.
La CUP tampoco participará en la movilización de apoyo a Laura Borràs este viernes. Eulàlia Reguant afirmaba el martes, en términos similares a los republicanos, que "mezclar las cosas y ponerlo todo en el mismo saco hace un mal favor a la represión política". Los cupaires también votaron favorablemente a la suspensión de la presidenta en la Mesa del Parlament, junto con ERC y PSC, con la aplicación del artículo 25.4 del reglamento de la cámara catalana. En este caso concreto, a diferencia de otros juicios a líderes del independentismo, la unidad de los partidos se ha visto truncada porque no hay unanimidad en que la causa de Laura Borràs sea "represión política".
Este jueves por la tarde, Òmnium Cultural ha anunciado que, como entidad, no asistirá a la concentración de apoyo a Borràs. En un comunicado, han valorado que "no estamos ante un juicio por ejercer derechos civiles y políticos y, por lo tanto, no habrá una delegación de la entidad en las puertas del TSJC". Eso sí, irán algunos miembros de la junta directiva a título personal. Tampoco lo hará la Associació de Municipis per la Independència (AMI), que recuerda que ellos acompañan a los encausados cuando son "temas relacionados claramente con la independencia".
Las discrepancias por parte de los otros dos partidos independentistas hacia la causa contrasta con una parte de las entidades. La Assemblea Nacional Catalana anunció el miércoles que sí que asistirá con una delegación encabezada por el vicepresidente de la entidad, Jordi Pesarrodona. En un tuit, la ANC manifestaba que, desde su punto de vista, "como independentista, Borràs no tendrá suficientes garantías judiciales ni protección de la presunción de inocencia". En el caso de Òmnium, no han comunicado que haya ninguna representación prevista en la concentración previa al inicio del juicio. Finalmente, el Consell de la República se ha adherido a la convocatoria. El órgano presidido por Carles Puigdemont ha trasladado su apoyo porque sostiene que "se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia" y denuncia que se trata de un caso "flagrante de lawfare". Un juicio, por lo tanto, que, al fin y al cabo, condicionará el futuro político de Laura Borràs y pondrá a prueba las costuras de Junts.