El Tribunal Superior de Justicia (TSJC) ha dejado visto para sentencia el juicio a la consellera de Acció Exterior, Meritxell Serret por desobediencia este miércoles 29 de marzo. Serret, que fue consellera de Agricultura durante el Govern de Carles Puigdemont, se exilió en Bruselas en el 2017, volvió a Catalunya en marzo de 2021 y se personó voluntariamente ante el Tribunal Supremo en Madrid, que la dejó en libertad. Un año después de su retorno y después de declarar delante del Supremo, este tribunal abrió un juicio oral contra Serret por delito de desobediencia grave y envió la causa al TSJC, ya que no se formuló ninguna acusación de malversación. Mertixell Serret es la primera miembro del Govern del referéndum que será juzgada en Catalunya y no en Madrid por el referéndum del 1 de octubre.
La fiscalía le pide un año de inhabilitación y 12.000 euros de multa. Serret se exilió inicialmente en Bélgica, pero se personó en marzo del 2021 ante el magistrado Pablo Llarena del Tribunal Suprem, que derivó la causa en el TSJC.
"Se ha querido criminalizar el independentismo y la república catalana y es un proyecto político que tengo derecho a defender". La consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, se ha acogido a su derecho de no contestar a ninguna de las partes, ni a su defensa, y solo ha hecho una manifestación, este miércoles en el juicio en el TSJC, acusada por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) cuando era consellera d'Agricultura en el 2017.
🔴 El caso queda visto para sentencia.
"Meritxell Serret tenía la creencia firme de que en ese contexto no había razones para cuestionarse que su conducta era contraria a derecho", asegura la defensa de Serret.
En referencia a la comisión de Venecia, respondiendo al Ministerio fiscal, Iñigo Iriun indica que en su escrito piden que "se debe reforzar que el Tribunal Constitucional solo actúa como un árbitro".
La defensa de Serret defiende que ante la convocatoria del referéndum "Meritxell Serret adopta una conducta entendiendo que un referéndum es democrático".
"En la aprobación del referéndum se dice que es la máxima representación de democracia con relación a los resultados del 27 de septiembre".
"En este delito lo primero que sorprende es el ámbito de los culpables, incluye autoridades y funcionarios, cuando son evidentes las diferencias de estatuto público", argumenta.
Sobre la pregunta del referéndum y la declaración de la fecha, Iriun argumenta que "no negamos que Meritxell estuvo allí, pero no existe ningún acuerdo oficial ni ninguna norma sobre ambas cuestiones, porque quien tiene que fijar la fecha y la pregunta es el Parlament".
La defensa de Serret habla sobre el decreto en el que se acordó el referéndum de l'1-O. "El concepto de solidaridad era lo que había permitido que a los consellers del Govern se les acusara de malversación de fondos, pero es irrelevante penalmente".
Iñigo Iriun, critica que en las 3 acusaciones se han incluido cuestiones relacionadas con el delito de malversación.
La defensa de Serret reitera que es un nuevo juicio. "No hemos presentado prueba de que no hizo de lo que se le acusa porque no oculta sus actos, lo ha reconocido desde el 21 de abril del 2021, donde reconoció que recibió los requerimientos".
Sobre la extensión de la pena, "consideramos proporcionada tanto la inhabilitación como la pena de multa, siguiendo la impuesta a sus homólogos compañeros, y ella ha estado 3 años en rebeldía, no puede negarse que tensión al máximo el Tribunal Constitucional".
"No se juzga la convocatoria de un referéndum, sino a la desobediencia al Tribunal Constitucional", reitera también la acusación particular.
Por último, turno para la acusación particular. "La señora Serret ha hecho manifestaciones autoinculpatorias".
"La acusada fue declarada en rebeldía no compareciendo hasta el 11 de marzo de 2021, que consideramos que se tiene que tener en cuenta", concluye Vizcaíno.
Turno de nuevo para la Abogacía del Estado, Beatriz Vizcaíno, que reitera que la acusada omitió los decretos impuestos por el Estado. "Con la notificación de estos requerimientos, tenía que conocer su contenido".
"La inhabilitación debe alcanzar cualquier cargo en funciones públicas, así que también debería incluir ser diputada del Parlamento Europeo", concluye el Ministerio fiscal.
"Ningún responsable político puede imponer su voluntad por encima del Tribunal. La condena se apoya en desobedecer un mandato del Tribunal Constitucional", defiende el Ministerio fiscal.
En referencia a la despenalización de la convocatoria de referéndum ilegal, "le estamos acusando de un delito de desobediencia al Tribunal Supremo".
La acusación del Ministerio fiscal hace referencia a la defensa de Serret, y reprocha que no se hace referencia a la negativa por parte de la Comisión de Venecia de apoyar el referéndum. "Insisto que no se está criminalizando ningún movimiento político".
El Ministerio fiscal hace referencia a los fundamentos jurídicos, y habla de la sentencia que modifica la pena de inhabilitación, y establece una serie de requisitos para el delito de desobediencia.
"A diferencia de otros consellers que se apartaron, o fueron apartados, la acusada decidió seguir, por tanto, estaba asumiendo que estaba cometiendo una ilegalidad, encima hizo actos de adhesión a este acto", defiende Pujal.
El Ministerio fiscal repasa todos los hechos referidos a la convocatoria y el posterior cumplimiento del referéndum, así como las resoluciones posteriores por parte del Estado español.
"La acusada junto con todos los miembros del Govern firmaron el decreto de convocatoria del referéndum pese a los requerimientos recibidos", defensa el Ministeri fiscal.
Vuelve a hablar el Ministerio fiscal, que ha elevado sus conclusiones previas a definitivas. Pujal asegura que no se están criminalizando ideas, "no se ha sentado en el banquillo a nadie que votará el 1-O. No intentemos desviar lo que es".
Serret concluye su manifestación alegando que "votar no fue un delito y en que el proyecto independentista es un proyecto legítimo y tengo derecho a defenderlo y en ganarlo democráticamente".
"Me he mantenido en que un conflicto político como este solo se puede resolver con política y de manera democrática, pero hemos visto cómo se ha judicializado este conflicto y al hacerlo se ha adelantado en un camino que va en contra de la resolución. Se ha querido anular la vía política impidiendo y negado el debate político", afirma Serret en su manifestación.
"Teníamos en cuenta voces de ámbito internacional, que entonces y posteriormente, que han manifestado que el derecho a la libertad de opinión incluye también la decisión de los pueblos a escoger cuál es su futuro político".
"A la hora de tomar mis decisiones como miembro del Gobierno intenté ser siempre coherente, y por lo tanto siempre y sin dudarlo tomé las decisiones que fueran coherentes con este mandato", alega Serret.
"En aquel momento teníamos que dar respuesta a la mayoría independentista y a los partidos que presentaron un programa electoral independentista, y fue esta mayoría que instó y colaboró para sacar adelante el referéndum del 1-O"
La defensa pregunta en Serret sobre el referendum, Serret explica que "las convicciones que tenía entonces y tengo todavía es que defiendo el proyecto de república catalana y tengo derecho a expresarlo y manifestarlo públicamente, así como ganarlo".
La solución que aporta el Tribunal es que el paso a la manifestación de Serret, sea que el letrado Iñigo Iriun le formule una pregunta.
Por su parte, la defensa de Serret, argumenta que tiene derecho a hablar antes del derecho de última palabra, donde ella simplemente quiere hacer una manifestación sin responder al interrogatorio, ya que, es un derecho de manifestación.
"La acusada tiene derecho a contestar o no contestar en fase de interrogatorio, la prueba de interrogatorio termina y tiene el derecho a última palabra", defiende el Tribunal.
Meritxell Serret confirma que no contestará a las preguntas de ninguna de las partes.
El Ministerio fiscal hace referencia a las notificaciones y requerimientos que se habían hecho avisando de la imposibilidad de organizar un referéndum.
Turno para la acusación popular, que se muestra a favor de los argumentos presentados por la abogacía del Estado.
"No es un nuevo delito. Si no hubiera huido junto con Clara Ponsatí y Carles Puigdemont, hubiera sido juzgada por el Tribunal Supremo".
"Entendemos que la Abogacía del Estado está muy interesada en el cumplimiento de las decisiones de los órganos jurisdiccionales", asegura el Ministeri Fiscal.
Turno ahora para el Ministerio Fiscal, en palabra de Neus Pujal. "La presencia de la abogacía del estado no afecta la garantía a un juicio justo. Entiendo que la abogacía del estado está plenamente legitimada, ya que fue, aceptada por el instructor, Pablo Llarena".
"La abogada del Estado defiende que todos los hechos, así como todos los recursos que se interpusieron ante la convocatoria del referéndum por parte del estado".
Turno de palabra para la abogacía del Estado.
La defensa de Serret hace referencia a la diferencia de pena entre la abogacía del estado y la que pide el ministerio fiscal, que es superior en cuanto a la multa.
"La Sala de lo Civil y penal del TSJ ya se ha pronunciado sobre esta cuestión, y las tres sentencias de las que habla no tienen nada que ver con el delito que se está juzgando".
La defensa de Serret tiene otra característica es el carácter bien jurídico, que no es de naturaleza patrimonial, por lo que no existe ningún patrimonio del ministerio perjudicado.
"El procedimiento de esta sala es nuevo, en el objeto y en el sujeto. Únicamente en el delito de desobediencia contra Meritxell Serret. Y en este no hay ninguna petición de ningún ministerio, ni de la acusación particular de la abogacía del Estado, y carece de autoridad en esta causa".
La defensa de Serret explica que hay una petición del subsecretario de Hacienda para que la abogacía del estado se presente como acusación particular. "La solicitud es únicamente a los efectos que afectan a las causas donde haya un perjuicio para la Hacienda estatal.
La defensa de Serret habla sobre la abogacía del Estado "se persona como acusación particular mediante un escrito del 5 de febrero de 2018, este documento es clave porque la propia abogacía del Estado autodefine sus propios objetivos. En representación del Ministerio de Hacienda y función pública, hay una referencia muy extensa en recoger todo lo referido de la querella con la malversación de caudales públicos".
"Tenemos que ver si la abogacía del Estado está delimitado a que en un delito de desobediencia puede actuar como acusación particular. La ley indica que no".
"Es muy importante la naturaleza del conflicto, para saber si una persona tiene la categoría de perjudicado", alega la defensa de Serret.
"Ninguna persona puede verse acusada de una parte que carece de las condiciones para ello. Una de las funciones de un tribunal es la de controlar que se cumplen las condiciones materiales de legitimación".
La defensa de Serret denuncia la falta de legitimación de abogacía del Estado. "La presencia de la abogacía del Estado comporta vulneración de la tutela de defensa efectiva. El derecho a un juicio justo y equitativo se pone en cuestión es que no es la primera vez que esta cuestión se plantea en el TSJC".
Habla la defensa de Serret, Iñigo Iruin, sobre la ubicación del abogado dentro de la sala, que habían pedido sentar al lado de Serret. "No es sana la posición de la mía defendida, cualquier movimiento puede alterar la consecución del juicio". El juez, finalmente deja sentarse en Serret al lado de su abogado.
Arranca el juicio a la consellera d'Exteriores, Meritxell Serret.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, también comparece ante los medios: "Todo el apoyo y calor a Serret. Ningún ciudadano ni político tendría que estar ni un solo minuto represaliado para el 1-O, que fue legítimo. Nadie puede ser sometido a represión por este ejercicio de dignidad democrática. Es un tribunal que no puede garantizar los derechos de la ciudadanía. Requiere una reflexión lo que tenemos que hacer el hecho de que nos encontramos casi cada día ante tribunales. Nos tenemos que apilar para ser más fuertes".
Oriol Junqueras también comparece delante del TSJC: Hay una parte de los aparatos represivos del estado que no pueden resistir tentación de embestir contra la democracia. Dar voto a la ciudadanía no es delito, no está en el Código Penal, se suprimió. No solo no es delito, sino que es un ejercicio democrático fundamental. Seguimos defendiendo democracia y lucha contra represión. Desmontando la represión, podemos crear condiciones para defender democracia en plenitud".
Pere Aragonès: "Quiero destacar el compromiso, la constancia y perseverancia de Serret en la defensa del derecho autodeterminación del pueblo, defiende que Catalunya sea un actor internacional de primer nivel. El conflicto político sigue vivo, solo se resolverá con diálogo, negociación, pero sobre todo votando. Hacemos un llamamiento al Estado, a abordar el fondo del conflicto, a acompañar y reconocer derecho a decidir libremente nuestro futuro".
Pere Aragonès, valora el juicio a Meritxell Serret: "Es una muestra más de una represión que continúa, que todavía hoy afecta decenas de personas de nuestro país vinculadas con el referéndum del 1-O del 2017. Dar apoyo a la consellera del Gover actual y el del 1-O".
Serret, que estuvo tres años exiliada en Bruselas después de la DUI del 27 de octubre del 2017, volvió a Catalunya el 11 de marzo del 2021 para ponerse a disposición del Tribunal Supremo, que lo había procesado por los delitos de malversación y desobediencia pero que, finalmente, en marzo del 2022 acordó enviarla a juicio solo por desobediencia y traspasó el caso al TSJC.
La consellera d'Exteriors, Meritxell Serret, ya entra en el TSJC para enfrentarse a su juicio que arrancará a las 10:00 horas.
Serret: Lo hago con la máxima serenidad, conciencia tranquila, clara voluntad de confrontar a quien reprime la independencia, quien está articulando la estrategia que quiere criminalizar un proyecto legítimo, el independentismo. Lo hago para reafirmar unas convicciones que tengo muy claras. Dar respuesta a un mandato y organizar un referéndum no es ningún delito, al contrario".
Meritxell Serret, delante de las puertas del TSJC: Con el firme convencimiento de que estamos ante un conflicto político, de raíces democráticas, la solución no será nunca en los juzgados, será siempre política. Seguiremos reivindicando la amnistía y el derecho a decidir".
En su declaración ante Pablo Llarena en abril de 2021, después de su retorno a Catalunya, Serret reconoció recibir las "advertencias" que envió el Tribunal Constitucional y haber asumido el mandato democrático para sacar adelante el referéndum. Serret también ha "corroborado" que desde la conselleria de Agricultura "no se asumió nunca ningún tipo de coste relacionado con el referéndum".
La presidenta del Parlament suspendida, Laura Borràs, el secretario general de Junts, Jordi Turull, el diputado, Francesc Dalmases y el portavoz de Junts, Josep Rius también están en el TSJC para mostrar el apoyo a Meritxell Serret.
Delante del TSJC, la comitiva del Govern se encuentra con delegaciones Junts, CUP y de Òmnium.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, y Carme Forcadell también están en las puertas del TSJC para mostrar el apoyo a la consellera Meritxell Serret.
🔴 Llega la consellera d'Exteriors, Meritxell Serret, a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
El juicio, que también cuenta con la Abogacía del Estado como acusación particular y Vox como acusación popular, está previsto que dure solo un día y sin la declaración de ningún testigo. Los magistrados del juicio serán Fernando Lacaba, Francisco Segura y Marta Pesqueira, después de que Jesús María Barrientos y Carlos Ramos propusieran al mismo tribunal su abstención después de que el Tribunal Supremo anulara el juicio contra la mesa del Parlament presidida por Carme Forcadell por falta de imparcialidad de estos dos magistrados.
Oriol Junqueras y Ernest Maragall esperan delante del TSJC la llegada de la consellera d'Exteriors, Meritxell Serret.
La consellera de Acción Exterior da por descontado que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la puede inhabilitar por el 1-O. "No doy las batallas por perdidas. Pero hoy por hoy es lo que no descarto y me mentalizo", decía este lunes en una entrevista en RTVE.
En su escrito de acusación, la fiscal Neus Pujal asegura que al menos desde noviembre del 2015 el Govern y el Parlament de Catalunya y las entidades independentistas iniciaron el procés soberanista con funciones diferenciadas y el objetivo común de conseguir la independencia de Catalunya. Respecto del papel concreto de Serret, la fiscal recuerda que Serret fue consellera de Agricultura desde finales de enero del 2016 y hasta que se aplicó el artículo 155 de la Constitución a finales de octubre del 2017. Así, participó en las reuniones del Consell Executiu que aprobaron los presupuestos de la Generalitat para el 2017.
La exconsellera de Cultura, Clara Ponsatí, que este martes volvió a Catalunya después de cinco años en el exilio, ha criticado abiertamente Serret para personarse ante el juez Llarena y ha asegurado que ella no lo hará. Ponsatí fue detenida por los Mossos y pasó más de cuatro horas en el juzgado de guardia de Barcelona, esperando una respuesta del Supremo.
La ahora consellera de Exteriors será el primer miembro del Govern del referéndum que será juzgada en Catalunya y no en Madrid por el referéndum del 1 de octubre.
El TSJC juzga a la consellera Meritxell Serret por desobediencia al TC, sin testigos. La Fiscalía pide para Serret un año de inhabilitación a cargo público y pagar una multa de 12.000 euros. Por Mayte Piulachs
ERC ha informado que una comitiva de Esquerra Republicana encabezada por el presidente del partido, Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, el vicesecretario de prospectiva, Agenda 2030, Transición Ecológica y Deportes, Raül Romeva, y la exconsellera Dolors Bassa acompañarán este miércoles la consellera Meritxell Serret hasta las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), en el juicio por su actuación el 1 de octubre de 2017.
El ministerio público le pide a Meritxell Serret un año de inhabilitación y 12.000 euros de multa por desobediencia grave por, entre otros actos, haber aprobado el presupuesto en marzo del 2017 que preveía partidas para el referéndum y también haber firmado el decreto de convocatoria del referéndum a pesar de recibir las advertencias del Tribunal Constitucional.
El TSJC juzga este martes a la consellera de Exteriors de la Generalitat y titular de Agricultura durante el Govern de Carles Puigdemont por un delito de desobediencia grave. Serret, que se exilió en Bruselas en el 2017, volvió a Catalunya en marzo de 2021 y se personó voluntariamente ante el Tribunal Supremo en Madrid, que la dejó en libertad. Un año después de su retorno y después de declarar delante del Supremo, este tribunal abrió un juicio oral contra Serret por delito de desobediencia grave y envió la causa al TSJC.