La fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox son las tres acusaciones que ejercen la acción penal en el juicio del procés contra los 12 líderes soberanistas en el Tribunal Supremo, un núcleo que siempre calificó los hechos como una rebelión hasta que la Abogacía se desmarcó en el último momento para acusar de sedición.
Las sospechas de politización han acompañado siempre a las tres acusaciones, pero fue la renuncia de la Abogacía del Estado a calificar los hechos de violentos la que acabó con la sólida línea de actuación que hasta la fecha mantenían al lado de la Fiscalía y Vox, un partido que ha encontrado en esta causa una visibilidad mediática innegable.
Una cuestión, la de la violencia, clave para dirigir la estrategia procesal de las acusaciones en la vista oral y sobre la que pivotará gran parte del juicio para defender la acusación de rebelión, como sostienen la Fiscalia y Vox, o la de sedición, que ahora plantea la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia.
Pero antes de la ruptura entre las acusaciones hubo unidad, principalmente entre el Ministerio Público y Vox, que fueron de la mano desde el principio de la instrucción en la mayoría de las cuestiones, y después con la Abogacía, ya que esta entró en el procedimiento meses después al personarse por la malversación. El origen del procedimiento fue la querella que el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, presentó contra el Govern, un día después de que Carles Puigdemont saliera de Catalunya. Ahora bien, el recorrido desde entonces y las consecuencias para cada una de las acusaciones han sido muy dispares.
La Fiscalía
Suyo ha sido el peso de la acusación. Tres fiscales generales han intervenido en la causa -dos nombrados por el PP y otra por el PSOE- sin que se hayan producido fisuras en su estrategia. Todos ellos siempre manifestaron la autonomía que concedieron a los cuatro fiscales de sala del Supremo, la más alta distinción en la carrera. Con trayectorias jurídicas tan reconocidas como dispares, estos cuatro fiscales han dirigido la causa sobre el terreno: poco ha importado que tengan diferentes sensibilidades, pues su unidad de actuación ha sido indestructible y ajena a cualquier tipo de presiones y de vaivenes políticos.
Consuelo Madrigal: Fue la primera mujer al frente de la Fiscalía General del Estado (2015-2016) en sustitución de Eduardo Torres Dulce, de quien heredó la querella del 9-N, que supuso su toma de contacto con el proceso soberanista, pero no la única. Suya fue la orden a la Fiscalía de Catalunya de querellarse contra Carme Forcadell, por prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional, al negarse a anular las resoluciones independentistas del Parlament. Es conservadora y experta en asuntos de menores.
Jaime Moreno: Otro fiscal que ha tenido contacto con el separatismo al participar en el juicio contra el exconseller Francesc Homs y en el recurso de Artur Mas, los dos por el 9-N. Desde el 2003 trabaja en el Supremo, donde ha participado en causas como el 11-M y Faisán.
Javier Zaragoza: Al lado de Madrigal, es uno de los fiscales más duros en su lucha contra el independentismo, lo que provocó que la CUP pidiera su reprobación en el Parlament. En su etapa como fiscal jefe de la Audiencia Nacional -cargo que ocupó once años, hasta el 2017- lideró varias causas vinculadas con el soberanismo. Entre ellas, dirigió una investigación contra la Hacienda catalana y pidió hacer lo mismo contra cinco municipios catalanes por apoyar la declaración independentista del 9-N. De talante progresista, es un experto en narcotráfico y terrorismo.
Fiel Cadena: Fue el fiscal enviado a La Haya para tratar con su homólogo alemán la euroorden de Carles Puigdemont. Es fiscal de sala del Supremo desde hace diez años, después de pasar casi 17 en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. En el alto tribunal ha intervenido en el 11-M, el asunto del Solitario, el caso Bretón y el del Palau de la Música de Barcelona.
La Abogacía del Estado
El perfil bajo que ha mantenido desde su irrupción en febrero al considerarse el Estado como perjudicado por la malversación saltó por los aires cuando presentó su escrito de acusación sin una sola mención a la violencia, cuando hasta entonces nunca la había discutido. Esta acción fue vista como un gesto de complicidad de Pedro Sánchez con los independentistas para conseguir su apoyo a los presupuestos, un planteamiento rechazado por completo por Edmundo Bal, que le costó la plaza como jefe del departamento penal de la Abogacía del Estado. Bal fue destituido por la abogada general del Estado, Consuelo Castro, nombrada por Sánchez y quien adució "pérdida de confianza" por sus discrepancias en la causa del 1-O, dado que Bal era firme defensor de acusar por rebelión a los líderes independentistas. Fue la propia Castro la que firmó el escrito de acusación.
Rosa María Seoane: nueva jefa de lo penal de la Abogacía del Estado en sustitución de Bal, después de ser secretaria general de Adif.
Vox
De las tres acusaciones es la que menos tiene que perder en esta causa, más bien todo lo contrario. Siempre han sido los más duros con los procesados, y así sus peticiones de penas son el doble que las de la fiscalía.
La exposición mediática que les proporciona el hecho de ser la única acusación popular en la causa es innegable y les ha dado una visibilidad y un altavoz únicos ante la opinión pública con la lucha contra el independentismo catalán como bandera. Tanto es así que es el número dos de Vox, Javier Ortega, quien encabeza la estrategia procesal al lado del abogado Pedro Fernández.
Javier Ortega: Secretario general de Vox. Exmilitar que formó parte del cuerpo de élite de operaciones especiales, es un férreo defensor de la españolidad de Gibraltar. Es la cara visible del partido en su estrategia de querellas contra multitud de cargos públicos.
Pedro Fernández: Vicesecretario jurídico de Vox. Es la mano derecha de Ortega en los tribunales.