Los poderes del Estado cierran filas. Después de que el rey Felipe VI advirtiera que "no se puede apelar a una supuesta democracia sin respetar la ley", el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho suyas las palabras del monarca. "Lo saben las fuerzas independentistas, que no han conseguido ninguna de sus exigencias inconstitucionales", ha defendido la portavoz Isabel Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes. El tono contra el soberanismo ha subido exponencialmente.

En la segunda semana del juicio oral en el Tribunal Supremo, y en plena precampaña electoral, desde Moncloa han remachado la escalada dialéctica que ya pudo verse en las sesiones de control en el Congreso y el Senado. La portavoz española ha cargado contra "las falsedades del relato independentista" y ha reivindicado "la apelación que el Rey nos ha recordado".

La excusa ha sido el viaje anunciado por la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a Waterloo, para decir al president en el exilio Carles Puigdemont que "la república no existe", un viaje que ha dicho que no es "sensato". Pero ha aprovechado la ofensiva contra Cs para cargar contra el independentismo. Como el Rey, y recordando que "el Tribunal Supremo está haciendo su trabajo", ha advertido que "ni la ley puede ser ilegal ni la justicia puede ser injusta".

A Arrimadas le ha reprochado que "cuando el Tribunal Supremo está haciendo su trabajo, no es sensato anunciar un viaje a Waterloo", y en este punto se ha referido a la "tensión y el daño causado por el independentismo".

Celaá ha contrapuesto el "proyecto inclusivo" del gobierno Sánchez frente al "muro de enfrentamiento" que le está poniendo la oposición, y que considera que se ha demostrado esta semana en el Congreso y el Senado. "Han ensuciado el legítimo debate político, ha prevalecido el insulto sobre la dialéctica", ha criticado.

"No pudieron parar Catalunya"

Sobre la huelga general de este jueves en Catalunya, en protesta contra el juicio del 1-O, desde Moncloa han subrayado el supuesto fracaso del paro. "No fue un éxito", ha valorado Isabel Celaá, que ha estimado en un 3,7% el seguimiento de la convocatoria. Al paro de país ha contrapuesto el "diálogo" por el que apuesta el Gobierno.

"El diálogo que ha venido realizando este gobierno está también siendo objeto de interés por parte de la ciudadanía", ha asegurado la portavoz española. "Las autoridades catalanas tienen que salir de la quimera y volver a la política y trabajar en el marco de la ley y la Constitucióm", ha añadido. Ha asegurado que los CDR no representan la "mayoría social" de Catalunya, que no es independentista, y que "no pudieron parar Catalunya".

Celaá ha afirmado que "desde el primer día" han apostado por el diálogo y que lo seguirán haciendo si ganan las elecciones y conforman gobierno. "Este diálogo viene dando sus frutos y se verán", ha señalado.

Ante el escenario electoral, de auge de la extrema derecha, la dirigente española ha querido subrayar una diferencia respecto de los países de su entorno. "Aquí vemos un ensayo diferente, porque la ultraderecha está siendo acompañada por dos fuerzas de la derecha", ha lamentado en referencia al PP y Cs. "No es fácil verlo en Francia o Alemania", ha constatado.

Desahucios y Franco

La comparecencia de la ministra-portavoz ha arrancado lamentando el desahucio, este viernes en Madrid, de cuatro familias en el barrio de Lavapiés de Madrid, con varios menores y un bebé de un mes. "La política no ha llegado a tiempo", ha indicado, al mismo tiempo que lo ha atribuido a su decreto sobre la vivienda, que fue tumbado por Unidos Podemos y ERC. "Nuestras propuestas lo hubieran hecho imposible", ha reivindicado.

Otro tema candente ha sido la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, después de que la Moncloa diera 15 días a la familia del dictador para escoger donde quieren enterrarlo pero que puede presentar recurso al Tribunal Supremo. Celaá se ha mostrado convencida de que conseguirán llevarlo a cabo a pesar de las trabas, pero no ha dejado claro si será antes de las elecciones. "Tenemos la facultad y lo haremos", ha reivindicado. "Ojalá las víctimas del dictador hubieran tenido las mismas garantías que la familia Franco", ha ironizado.

No obstante, fuentes de la Moncloa recuerdan que quieren hacerlo con las máximas garantías posibles y que no se saltarán plazos. "El gobierno no tropezará consigo mismo", señalan estas fuentes