"No hay constitución sin democracia; no hay democracia sin la participación ciudadana". Marina Roig, la abogada de Jordi Cuixart, ha hecho una defensa del derecho constitucional que ampara el derecho de reunión, tesis de su defensa, y ha apelado "al espíritu liberal de la Constitución, fruto de la lucha antifranquista".

Roig ha empezado haciendo un resumen crítico de los argumentos de la fiscalía y del relato "tergiversado" de las acusaciones. "No es posible hacer una ponderación entre la unidad de España y los derechos fundamentales", ha dicho Roig en su introducción.

Pero la abogada de Cuixart ha centrado su intervención en la defensa de los derechos fundamentales, por los que siempre ha trabajado Cuixart y que Òmnium considera y defiende que se han vulnerado en este proceso.

Roig ha centrado todo su informe final en la movilización ciudadana, que es, de hecho, en lo que se basa la acusación contra Jordi Cuixart.

La abogada ha cuestionado también el desconocimiento de la Guardia Civil y el CNP sobre las dinámicas de la policía en Catalunya, como la unidad de mediación de los Mossos o los protocolos a la hora de actuar para disolver a la masa, refiriéndose directamente a los golpes de porra que dio la policía española por encima de la cintura y, en algunos casos, directamente a la cabeza.

Se ha tergiversado el relato para hacer encajar la conducta de Cuixart en los delitos de la acusación

"Los hechos no pueden ser a la vez tratados como derecho fundamental y como delito", ha remarcado Roig, exponiendo que los tratados internacionales anteponen los derechos al delito. "La desconfianza previa en el papel de los organizadores del 20-S derivó en la mala interpretación de sus palabras y de sus hechos", ha añadido.

Marina Roig también ha destacado que no se ha probado el delito del que se acusa al presidente de Òmnium: "La palabra golpe de estado queda vacía de contenido si se confronta con las pruebas presentadas en este proceso".

Derechos fundamentales

La abogada de Cuixart ha dado una clase sobre los derechos humanos y los derechos fundamentales, y ha empezado con uno tan "obvio" como es el derecho a reunión: "En vez de ver en las manifestaciones un derecho legítimo en democracia, determinadas acusaciones las conciben como una amenaza, y esto es un intento de reprimir dicho derecho".

"Hay agentes que han concebido las manifestaciones como desafíos o amenazas a la autoridad", ha añadido. Roig ha apelado a la ONU para explicar los derechos fundamentales y las normas internacionales aplicables y unas recomendaciones.

Y ha añadido: "Los organismos internacionales de derechos humanos criticaron la actuación policial del 1-O y han pedido que se investiguen los hechos". Y ha remarcado que los concentrados ante los colegios del 1-O se les tenía que proteger por el derecho de reunión.

Tiene la misma legitimidad una protesta contra el poder ejecutivo que una protesta contra el poder judicial

"Cuixart gritó siempre e insistió siempre en que la concentración fuera pacífica", ha empezado a explicar Roig sobre los hechos del 20-S. "Expresó y exhortó explícitamente a la ciudadanía a que no se comportara de forma violenta", ha dicho Roig, y ha quitado importancia a lo que ha sido la principal prueba de cargo, la desconvocatoria encima de los coches de la Guardia Civil: "Es irrelevante que para subirse al coche de la Guardia Civil para deconvocar por segunda vez la manifestación se digan frases como 'en este majestuoso altar'".

"El 20-S hubo protestas, pero ningún intento de asalto ni violencia generalizada. Jordi Cuixart hizo llamamientos de tranquilidad, serenidad y movilización pacífica", ha añadido.

"No es posible concebir los hechos del 1-O como un movimiento tumultuario", ha dicho Roig sobre el día del referéndum, y ha cuestionado "el alzamiento" que defiende la fiscalía. La abogada de Jordi Cuixart ha calificado la movilización del 1-O de "desobediencia civil colectiva" y ha remarcado que "el objetivo de la ciudadanía era poder votar".