La intendente de los Mossos d'Esquadra que estaba al frente del dispositivo del 20 de septiembre de 2017 en la Conselleria de Economia, la intendente Teresa Laplana, no irá a declarar al Tribunal Supremo como testigo. Estaba citada para el 23 de abril a las once de la mañana a petición de la acusación popular de Vox y por las defensas de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.
Laplana está acusada de sedición en la Audiencia Nacional y la fiscalía le pide 4 años de prisión. Por eso, su defensa –ejercida por Olga Tubau- ha remitido un escrito al tribunal comunicado que se acogerá a su derecho a no declarar por estar investigada en otro procedimiento. El Supremo ha dejado sin efecto su citación y, por lo tanto, la intendente no se tendrá que desplazar hasta Madrid el martes que viene.
La declaración de Laplana estaba prevista para el 23 de abril, junto con otros cargos políticos como el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, o los exconsellers Jordi Baiget, Meritxell Ruiz y Jordi Jané, entre otras.
Su defensa, sin embargo, ha remitido un escrito al tribunal –presidido por Manuel Marchena- para comunicar que se acogerá a su derecho a no declarar porque está investigada en la Audiencia Nacional. El tribunal ha dejado sin efecto la citación y, por lo tanto, no tendrá ni que desplazarse al tribunal.
Mientras que Laplana ha optado por no declarar en el Supremo, el que fue jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, sí que lo hizo y respondió sobradamente a las preguntas de todas las partes. El major del cuerpo está acusado en la misma causa en la Audiencia Nacional y la fiscalía solicita para él 11 años de prisión por rebelión. Los dos están representados por Olga Tubau.
La defensa pide la absolución a la Audiencia Nacional
Durante la fase de investigación en la Audiencia Nacional, la intendente no declaró presencialmente y lo hizo a través de videoconferencia. Su abogada ha presentado ya el escrito de defensa donde pide la absolución.
En el escrito subraya que la intendente "siempre ha cumplido con la legalidad constitucional vigente y ha obedecido los mandatos judiciales y del Ministerio Fiscal", así como de sus mandos superiores. Añade que "nunca ha impedido ni dificultad el cumplimiento de las órdenes judiciales".
Sobre el 20-S, la defensa argumenta que "no tenía competencias ni facultades para ordenar la movilización de efectivos policiales" a pesar de ser la responsable del operativo en el Departament de Economia. Eran decisiones, dice el escrito, "que tenían que adoptar sus superiores jerárquicos".
El 20-S, además, ella no tenía que haber trabajado porque el día anterior un médico le recomendó reposo por presentar un cuadro de inestabilidad y vértigos.