El Código Penal español dice lo que dice, y los hechos del otoño del 2017 no encajan ni en el delito de rebelión ni en el delito de sedición ni en el delito de malversación. Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, ha tratado de hacer este martes una clase de derecho penal en el Tribunal Supremo. En la presentación de su informe final, ha desmontado el relato de las acusaciones, que han llegado a hablar de "golpe de estado" del independentismo. El letrado de los miembros de JxCat ha hecho un análisis detallado de cada uno de los tipos penales por los que podrían ser condenados a largas penas de prisión e inhabilitación.
La defensa de Sànchez, Turull y Rull ha empezado rebatiendo las palabras del fiscal Javier Zaragoza: "La gente tiene que saber que en el derecho penal español del siglo XXI no existe ningún delito de golpe de estado". También cuando dijo que era una "rebelión distinta". En este sentido, le ha rebatido que, como penalista, nunca se ha encontrado con "homicidios distintos". "Los delitos son los que son. El Código Penal es el que es, y la rebelión es la que es. Nuestra función aquí es analizar si concurren los tipos penales", ha resumido.
Con respecto al delito de rebelión, Jordi Pina ha empezado por la misma esencia del tipo penal: "Si no tenemos alzamiento público, ya no tenemos nada más". Y ha añadido: "No son alzamientos lo que ocurrió a Catalunya. Son protestas, son manifestaciones". En este punto ha hecho una firme defensa de protesta: "Sí, se estaba cuestionando la actuación de jueces. Todos tenemos derecho a protestar contra sus resoluciones. Es la sana crítica". Ha recordado que, desgraciadamente, también hay jueces que prevarican.
El letrado también ha negado la existencia de violencia con un delito que requiere "fuerza armada y fuego". En cambio, "una cacerolada o un escupitajo" no tiene suficiente entidad para una rebelión. "La violencia se creó en aquellos sitios donde algunos funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado no supieron estar a la altura", ha rebatido.
Jordi Pina ha replicado que la Generalitat "tuviera el poder", como argumentaron las acusaciones la semana pasada. Lo ha comparado con el gag del humorista Miguel Gila llamando por teléfono, y ha recordado que las delegaciones del gobierno, los puertos, los aeropuertos o el Ejército no están en manos de la Generalitat, sino del Estado. Del mismo modo, se ha preguntado dónde estaban los promotores, subalternos y participantes de los que habla el tipo penal. Según Pina, ningún acusado "movía los hilos" de los más de dos millones de personas que votaron en el referéndum del 1-O.
En cuanto a la sedición, y también en contra del criterio de la Fiscalía, el abogado de Sànchez, Turull y Rull ha defendido que el tipo penal también implica una violencia que no existió. En este sentido, los argumentos que han servido para la rebelión han servido para negar la mayor de la acusación de sedición. "Es la rebelión en pequeño, la estructura típica vendría a ser igual", ha precisado. Ha remarcado que no hay ningún llamamiento de los acusados a impedir una actuación judicial como la del 20-S.
Sobre la malversación, el letrado de la defensa ha recordado que no se ha podido probar durante el juicio ningún coste para la administración posterior al 6 de septiembre de 2017, que es cuando se celebró el famoso y polémico pleno para aprobar las leyes de desconexión. Pina se ha dedicado a desgranar varios ejemplos, sobre los cuales se sustenta la acusación, para desmontarlos. Al mismo tiempo ha hecho énfasis en que es del todo insostenible jurídicamente que "se meta a todos los miembros del Govern en el mismo saco, en vez de imputar a cada uno los gastos de su departamento".
Turull, más días en la cárcel que de conseller
Una vez ha concluido la exposición inicial, Pina ha utilizado los últimos tres cuartos de hora de su intervención para precisar individualizadamente sobre cada uno de sus tres clientes. Ha empezado por Jordi Turull, que durante el 1-O era el conseller de Presidencia y portavoz del ejecutivo. Un cargo, por cierto, que ocupó durante poco más de 3 meses y medio, seis veces menos de lo que lleva en prisión, como ha señalado Pina. La acusación enfila a Turull en base a la Moleskine, el doument Enfocats, la hoja de ruta de Junts pel Sí y el Libro Blanco de la Independencia. Argumentan que son la prueba de un entramado que ataba las tres patas esenciales para la rebelión, que son el Govern, la sociedad civil y el Parlament. Y eso, según Pina, "es una barbaridad tremenda; cuando tú no sabes y no tienes elementos probatorios haces un esfuerzo titánico por encontrar vínculos".
El Libro Blanco de la Independencia fue un encargo del gobierno Mas, que vio la luz en noviembre de 2014, "nunca fue impugnado, la fiscalía nunca dijo nada de este libro, que es un documento académico". En relación al Enfocats, el letrado ha denunciado que "nadie sabe de dónde sale". En este sentido ha hecho patente que no tiene ningún sentido acusar a los miembros del Govern de trabajar en un documento sobre el que no se ha encontrado ni un sol borrador ni intercambio de impresiones en los miles de correos que los han intervenido. Y ha añadido que "en este documento hay mucho iluminado". Tres cuartos de lo mismo sobre las revelaciones que aporta la libreta Moleskine de Josep Maria Jové. Según Pina es absurdo poner el grito en el cielo por los encuentros que se documentan, "lo que no sería lógico es que se reuniera con Messi, ¿pero como no se tiene que reunir con Rovira o Romeva? Los políticos se reúnen con políticos", ha sentenciado. Y se ha preguntado "¿cuántas reuniones tiene con Jordi Sànchez o Jordi Cuixart? Eso es el determinante". Con respecto a la hoja de ruta de Junts pel Sí, ha explicado que se firmó el año 2015, y que no tuvo nada que ver con él.
Pina también ha sido muy crítico con el hecho de que se atribuya a Turull el delito de rebelión "porque incitó a enfrentarse y porque exaltó a defender los colegios, ergo, llamó a oponerse a las fuerzas de seguridad del estado". Asegura que "Turull y yo nos quedamos ojipláticos, como el emoticono de Whatsapp" cuando|cuándo se puso como argumento que "los mossos sentían malestar" con el entonces conseller de Presidencia. "¿Qué tiene que ver que los Mossos expresaran su malestar con él con la acusación de rebelión?", se ha preguntado.
También ha calificado "excepcional" que otra de las razones que aduce la acusación es que Turull entró como conseller con la remodelación del Govern. A la vez ha condenado que se malinterpreten intencionadamente varios tuits de Turull durante aquel otoño de 2017, y que no se fijen en cambio en la infinidad de tuits pacifistas del extitular de Presidència.
Rull, "¿16 años por un tuit?"
En cuanto a Josep Rull, el abogado ha arrancado ironizando que "lo que se ha hecho con él es más derecho marítimo que derecho penal", en referencia a su condición de conseller de Territori, que gestionó el atraco de los barcos de policía española. Concretamente ha rebatido un tuit donde decía que no habían dejado atracar el barco del Piolín, que el letrado ha atribuido a un acto de chulería. "¿En pleno siglo XXI el Ministerio Fiscal pide 16 años de prisión por un tuit que dice que no ha dejado atracar un barco? Me daría risa si no fuera tan grave", ha exclamado. Ha dejado claro que no pudo entrar a puerto por problemas técnicos.
En este punto, ha tenido importante relevancia la entrevista que concedió a El Nacional, donde denunciaba que "la presencia testosterónica de la policía en el puerto está entorpeciendo gravemente las exportaciones". A Pina le ha servido para denunciar "el actuar desleal" de los funcionarios policiales que realizaron el atestado. "Recogen trocitos de varias respuestas, que da un significado que no tienen nada que ver con la entrevista", ha criticado.
También ha echado por tierra el resto de acusaciones. Sobre el documento Enfocats, "no hay ningún correo ni absolutamente nada". Sobre la libreta Moleskine de Josep Maria Jové, "no se ha probado que el señor Rull interviniera en ninguna reunión". Y sobre la hoja de ruta de la ANC, "poco puede decir el señor Rull".
Sànchez y los "malditos esgarrapacristos"
Dentro de cuatro meses hará dos años que encarcelaron a los Jordis. Esta tarde Jordi Pina ha defendido con vehemencia su inocencia, centrado en Jordi Sànchez, el expresidente de la ANC, que es su representado. Su informe final es claro y diáfano, "la fiscalía ha querido escarmentar de manera especialmente considerable a los líderes sociales". Es más, ha acusado a la acusación de tener manía persecutoria contra él, "el perverso y malvado gurú del independentismo".
Pina se ha exclamado por el hecho de que se sitúe a Sànchez, el acusado a quién más tiempo dedicó la fiscalía, como uno de los cabecillas de la rebelión, porque "si fuera así deberían imputarle también malversación". Según el argumentario de la defensa, un año después de haberlo enviado a prisión preventivamente se dieron cuenta de que no tenían ninguna manera de vincularles con el Govern. Y es en este punto que deciden buscar algún pretexto, que en la hoja de ruta del la ANC de 2016 hacía referencia al referéndum como elemento importante. "De ahí se desprende que la ANC movía el cotarro", ha criticado Pina, poniendo de manifiesto que en ningún momento del juicio se ha preguntado sobre este documento que la acusación utiliza a sus conclusiones finales.
En un ejercicio básico de pedagogía, el abogado defensor ha aprovechado para recordar al tribunal que "el referéndum lo organizó el Govern, no el señor Sànchez o la ANC". Que los líderes independentistas hoy sentados en el banquillo de los acusados se han limitado a "recoger el guante" de la ciudadanía después de la indignación que generó la sentencia contra el Estatut, y que no ha dejado de crecer con los años y con la actuación de los sucesivos gobiernos españoles. La mayor parte del tiempo que ha dedicado a defender a Sánchez, su magistrado ha insistido en el pacifismo que siempre ha impregnado la ANC, "con la única maldita excepción de los esgarrapacristos que causaron daños a los coches de la Guardia Civil", una gamberrada que según Pina "estropeó años de actuación impoluta" y "ha servido de pretexto para encarcelarles".
En su escrito final de defensa, Pina ha pedido la liberación de sus representados: Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, hasta que llegue la sentencia del juicio.