Hay dos citas destacadas en la hemeroteca sobre el presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo que juzga a los dirigentes independentistas. La primera, la pronunció en 2012 Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal anticorrupción, a raíz del caso Garzón: "Es un perfecto ignorante y tiene una absoluta mala fe". La segunda pertenece al portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en un whatsapp el otoño pasado, cuando el magistrado tenía que suceder a Carlos Lesmes al frente del CGPJ, en plenos prolegómenos del juicio al procés: "Controlaremos la sala segunda desde detrás".
Esta era la carta de presentación, escrita por los otros, con la que Manuel Marchena Gómez (Las Palmas de Gran Canaria, 1959) se ha tenido que enfrentar a la mirada de la opinión pública española e internacional. También se ha tenido que enfrentar a factores propios de la causa, como la humillante instrucción de Pablo Llarena que ha llevado a Alemania y Bélgica a tumbar las euroórdenes contra los exiliados. No es fácil coger las riendas de un juicio tan político, y también tan mediático, como este.
Ante todo este panorama, y muy consciente de que el partido de vuelta se acabará jugando en Estrasburgo –no en vano el primer día de juicio citó jurisprudencia del TEDH--, trató de evitar que le enmendaran la plana desde fuera. No sería la primera vez: ya pasó con el caso Atutxa. Sin embargo, esta vez, ante el juicio más mediático de las últimas décadas en España. Por eso el trato con los acusados era exquisito. Ni siquiera interrumpió el discurso político de Oriol Junqueras, que arrancó declarándose un preso político. Permitió que los procesados se sentaran con sus abogados. Impidió a Vox convertir la sala de vistas en un escenario de campaña. Todo, en general, muy correcto, sin muchas objeciones.
Pero esta semana, cuando las cámaras ya han dejado de apuntar hacia él, ha aflorado el legionario que lleva de casa. No es una expresión estéril o literaria: es hijo de un alto mando de la Legión Española que estaba destinado a El Aaiún, cuando el Sáhara era una colonia española, donde el pequeño Marchena fue a la escuela. En las últimas sesiones, los incidentes han sido diversos, y la exquisitez inicial ha dejado paso a posibles vulneraciones del derecho a la defensa.
Tan solo empezar la semana, el lunes, Marchena ya se las tuvo con varios abogados de las defensas, como Andreu Van den Eynde, Jordi Pina o Marina Roig. Fue durante la declaración del presidente del Parlament, Roger Torrent, que interrumpió para considerar "impertinentes" las preguntas de los letrados sobre el 20-S, donde el entonces portavoz de JxSí fue presente. "¡No me discuta!", llegó a espetar el magistrado a Van den Eynde ante su protesta. Marchena quería centrar el debate sobre su papel como presidente de la cámara, aunque en el momento de los hechos no lo era.
El miércoles, Marchena volvía a vetar a Jordi Pina. Después de que el teniente coronel Diego Pérez de los Cobos negara que hubiera habido cargas policiales durante el 1-O, el letrado intentó profundizar en esta afirmación. El abogado advirtió que podía estar incurriendo en el delito de falso testimonio. Aun así, el presidente de la sala le impidió formularle la pregunta al coordinador policial del 1-O. Tampoco dejó exponer vídeos sobre la represión policial de aquel día para contrastarlo con los testimonios. Observadores nacionales e internacionales han alertado sobre estas trabas a la actividad de las defensas.
Sólo durante las declaraciones de los acusados, la abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, consiguió que la sala viera imágenes de la actuación de la policía española en la escalera del Pau Claris de Barcelona. Fue durante el testimonio de Mariano Rajoy. Después de eso, no se ha vuelto a permitir, aunque ha sido un asunto recurrente durante las cuatro semanas de sesiones.
También el miércoles quedó evidenciada la doble vara de medir del presidente de la sala segunda del Supremo. A muchos de los acusados, las acusaciones le preguntaron si eran socios de Òmnium Cultural o habían hecho determinados tuits o retuits. En cambio, Marchena impidió a Van den Eynde preguntar a la secretaria judicial del 13, Montserrat del Toro, si era seguidora en las redes sociales de páginas ultras como "Unidad Nacional Española". El magistrado argumentó que no se le podía preguntar por sus filiaciones ideológicas.
"Esto es el Tribunal Supremo"
A Francesc Homs, que ejerce de coordinador de las defensas, nada de esto le debe haber sorprendido. Durante el juicio del 9-N en el Supremo, ya tuvo un fuerte pique con Marchena. Después de un encontronazo con el fiscal Jaime Moreno, también presente en esta causa, el exconseller denunció que "en mi casa me han enseñado que uno tiene que dejar acabar el otro para empezar a hablar". El magistrado le lanzó una frase lapidaria: "Esto no es su casa; esto es el Tribunal Supremo".
El mundo judicial ya sabe de qué pie cojea Manuel Marchena, que se ha cultivado en el barro procesal como fiscal. Aunque no forma parte de ninguna gran asociación de magistrados, siempre ha sido ubicado en el sector conservador. Fue gracias a la mayoría conservadora que llegó a presidir la sala de lo penal en 2014, con los votos de los diez vocales propuestos por el PP, la vocal de CiU y el presidente conservador del CGPJ Carlos Lesmes. Llegó imponiéndose sobre una persona con mucha más trayectoria como Cándido Conde-Pumpido, exfiscal general del Estado y actualmente magistrado del Tribunal Constitucional, de la rama progresista. A Marchena se le considera el padrino de José Manuel Maza, exfiscal general del Estado, que acabó presentando la querella por el 1-O.
Su historial de polémicas se remonta a mucho antes del whatsapp de Ignacio Cosidó. Algunas voces del mundo judicial recuerdan su "operación contra Garzón". Él formaba parte de la sala que condenó el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por el caso de las escuchas. La sentencia fue dictada por unanimidad, sin votos particulares. Se lw ha acusado de querer "arrastrar la honorabilidad de Garzón por el barro" (palabras del periodista de tribunales de El País Paco Yoldi), después de que instruyera otra causa contra el exmagistrado porunos supuestos cobros durante una estancia en Nueva York. Acabó archivando el caso por prescripción del presunto delito.
Además de presidir la sala que condenó a Francesc Homs por desobediencia por el 9-N, Marchena también estaba al frente de la sala cuando archivó la denuncia de CDC y Xavier Trias contra Jorge Fernández Díaz por la Operación Catalunya. La denuncia estaba fundamentada en una grabación entre Fernández Díaz y el exdirector de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, donde se vislumbraban maniobras contra los adversarios políticos y el polémico "esto la Fiscalía te lo afina". Justamente la fiscalía no vio motivos suficientes para investigarlo y la sala presidida por Marchena lo archivó.
Muy probablemente, el partido de vuelta del juicio al procés se jugará en Estrasburgo. El magistrado sabe muy bien qué es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos te enmiende la plana. En 2008 fue ponente de la sentencia que condenó al expresidente del Parlamento vasco, Juan Mari Atutxa, y la Mesa de la cámara por no disolver el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak una vez ilegalizada Batasuna. Estrasburgo respondió con un varapalo al Supremo, dictaminando que el juicio por el que fueron condenados e inhabilitados no fue un juicio justo.