El veto de Manuel Marchena a la exhibición de vídeos supone un riesgo para el "principio de contradicción y el derecho de defensa". Así lo han asegurado los observadores internacionales en un comunicado este martes. En sus valoraciones sobre la sexta semana del juicio al procés, alertan de que la "falta de confrontación" con el relato de los testigos ha tenido un impacto sobre el proceso judicial. La semana pasada asistieron a la sala Ernesto Moreau, vicepresidente de la Asociación Americana de Juristas, y Alejandro Forero, profesor de Derecho Penal y Criminología en la Universitat de Barcelona.

Como ya lo han hecho anteriormente, los observadores denuncian que el presidente de la sala segunda "impide confrontar a los testigos con el recurso de imágenes videográficas o la exhibición de documentación de la instrucción". Este hecho, alertan, podría vulnerar el artículo 6.3.d del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos, que establece el derecho de los acusados a interrogar a los testigos que declaren. "Permitir la inmediatez de la contradicción facilitaría la posibilidad de detectar un posible caso de falso testimonio como parecían advertir, por ejemplo, las defensas", subrayan.

 

Por otra parte, los observadores organizados a través de la plataforma ITW también ponen el foco en el veto de Marchena a "permitir que la parte que no haya propuesto un testigo le pregunte más allá de lo que ha sido preguntado por la parte proponente". Esta limitación, argumentan, "puede ir en detrimento del principio de igualdad de armas, que se podría transformar a lo largo del procedimientos en causa de indefensión material".

Los juristas también tienen reproches hacia la actitud de la fiscalía. Expresan su "preocupación" por cómo se trata el ejercicio de determinados derechos fundamentales, como el de manifestación, y la "criminalización de aspectos ideológicos". El ministerio fiscal "da a entender que reunirse y gritar, cantar o mostrar reprobación por las actuaciones policial pueden ser ya muestra de elementos de sedición". Eso, alertan, "puede tener consecuencias más allá del juicio", como "efecto desincentivador" del derecho a la protesta.

En la misma línea, los observadores lamentan que la fiscalía "ha vuelto a incurrir en preguntas que podrían ser sugestivas y/o capciosas". Ponen el ejemplo de los interrogatorios a varios guardias civiles, donde "se ha inferido un vocabulario con indicios probados de violencia que quedarán por demostrar en la fase documental".

Finalmente, los juristas alertan de que la investigación de los mismos hechos por tres tribunales "hace que se hayan inferido actuaciones y declaraciones que podrían afectar a testigos citados que decidieron acogerse al derecho a no declarar contra ellos mismos", que las jornadas tan largas limitan la preparación del juicio y que la falta de un calendario completo del juicio también "limita las posibilidades de desplegar una estrategia de defensa".