"Hubo actitudes vinculadas al 1-O con el consecuente perjuicio al patrimonio". Para llegar a la frase que acusa al Govern de malversación ha tenido que pasar media hora de discurso técnico de la primera perito que ha citado la fiscalía, la abogacía del Estado y Vox.
Cuatro peritos de Hacienda han explicado el acuerdo del control de las cuentas de la Generalitat y cómo emplearon esfuerzos para "hacer el trabajo de búsqueda del material de prueba". Con palabras técnicas y con un tono más propio de una acusación que de un perito, la primera en intervenir ha avalado toda la tesis de la fiscalía sobre la malversación, aunque no hay facturas ni recibos.
Y en este punto, otra de las peritos se ha apresurado a decir que "cuando no existe proceso administrativo, sólo habiendo un encargo de la administración y si es asumido por el contratista, se haría un enriquecimiento injusto".
También han remarcado que las facturas son importantes por el IVA y que "permiten a la empresa demostrar la prestación del servicio", pero han quitado todo el valor al hecho de que no haya facturas y que por esta vía no se pueda demostrar los pagos de la Generalitat y, por lo tanto, el delito de malversación del que están acusados los presos políticos.
Las peritos, sin embargo, han admitido que no se pagaron las previsiones del presupuesto del referéndum. Y como ya ocurrió con los interrogatorios de los acusados y de los testigos, la fiscalía ha hurgado con la campaña de publicidad. Después de un intento de una de las técnicos de justificar que los presupuestos para la publicidad de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals "o lo pagan los usuarios o lo pagan los ciudadanos" para explicar que el dinero de la publicidad de TV3 viene de la misma caja porque es un medio público, la misma técnica ha acabado admitiendo que "no se llegó a pagar" nada.