Turno hoy para las acusaciones en las cuestiones previas del juicio al procés. La fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox han defendido el derecho constitucional, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo como legítimo para el juicio; han negado la soberanía del pueblo catalán, su derecho a decidir, el derecho a internacionalizar el conflicto, el derecho a hacer un referéndum, y han reivindicado el Código Penal por encima del derecho político.

La exhibición de fuerza más potente la ha hecho la fiscalía, que sin complejos ha llegado a decir que este juicio está planteado contra la democracia por parte de las defensas.

La intervención del ministerio público se ha hecho en dos partes. "Se ha dado una visión distorsionada de la realidad con la finalidad de desacreditar la justicia", ha dicho en su primera intervención el fiscal Javier Zaragoza. Ha reprochado a las defensas que "cuestionen la calidad democrática del estado de derecho" y ha remarcado, riñendo a todo el mundo, que "se pretende transformar en víctimas de una persecución política a quienes han vulnerado el orden constitucional y sentar al Estado en el banquillo de los acusados".

Paradójicamente, a pesar de defender que este no es un juicio político, la fiscalía ha elevado el tono politizando todo su discurso. El relato de la fiscalía ha girado en torno al hecho de que más allá del derecho político está el orden constitucional y que todo el mundo es igual ante la ley. Los políticos también.

"Nadie ha sido procesado por sus opiniones, sino por sus acciones", ha expuesto. Y ha incidido en el hecho con un tono condescendiente: "Los acusados hace años que proclaman y defienden este proyecto político independentista. Se han manifestado y, que yo sepa, no se los ha perseguido ni se los ha judicializado, ni han sido perseguidos ni detenidos". Y ha justificado que "sólo se ha puesto en marcha la justicia penal cuando han infringido los derechos fundamentales de nuestra Constitución". Y ha sentenciado: "El político está sujeto al mismo Código Penal".

Fidel Cadena, el otro fiscal, ha empezado más moderado, pero a medio discurso se ha animado negando incluso la soberanía del pueblo catalán.

"Es un proceso de desconexión al margen de la legalidad", ha dicho. Y, como su compañero de acusación, se ha referido "a los otros", a los no independentistas, y ha apelado al "respeto a la ley y a los derechos de los otros".

"No se puede sustituir la soberanía del pueblo español por la de cualquier pueblo que la integre", ha dicho tajantemente Cadena. "La soberanía del pueblo catalán no es posible. El poder emana del pueblo español, del pueblo español. No hay soberanía catalana, hay una soberanía española, y está proclamada por la Constitución. La soberanía del pueblo español se respeta", ha dicho el fiscal en el momento más álgido de su intervención aleccionadora.

"No hay soberanía del pueblo catalán; hay soberanía del pueblo español", ha repetido.

La abogada del Estado sólo ha subido el tono en la introducción y también para defender el Estado.

"Estamos haciendo un juicio penal con todas las garantías". Así ha empezado la abogada del Estado Rosa María Seoane, que ejerce de acusación y que ha querido dejar claro que "este juicio no es una estafa".

La introducción en su intervención, como también ha hecho la fiscalía, la ha dedicado a dar un toque de atención a las defensas que enfocaron su alegato en la vulneración de los derechos fundamentales.

"Nos vemos obligados a defender todo el proceso (judicial). Estamos ante un ejercicio de derecho penal democrático, ante un ejercicio de derecho penal del enemigo, como calificaron ayer algunas defensas", ha dicho Seoane.

Y Vox, más allá de dar la nota al principio de su intervención, hoy ha hecho un triste papel.

El letrado de la acusación popular Pedro Fernández ya ha puesto el dedo en la llaga y ha pedido que Jordi Sànchez se saque el lazo amarillo porque es un claro símbolo ideológico.

Y el presidente de la sala ha intervenido rápido diciendo que el tribunal "se hace suya la doctrina del TEDH que tiene dos precedentes en sentencias de Bosnia y Bélgica de diciembre del 2018, donde se resuelve que se permite los símbolos ideológicos o religiosos.

"La sala no pondrá ninguna objeción a que lleven ningún símbolo ideológico", ha dicho Marchena.

Javier Ortega, el otro abogado de Vox, estuvo ayer durante toda la sesión luciendo la bandera española en un brazalete de la mano izquierda. Hoy, sin embargo, no la llevaba.

Vox ha hecho una intervención corta y técnica, y menos agresiva de lo que se esperaba. Una vez se han estrenado en el juicio reclamando que le saquen el lazo amarillo a Sànchez, el resto ha sido de poco interés y reiterativo.

Vox ha cerrado la segunda sesión, aunque el abogado Andreu Van den Eynde ha pedido hacer unas consideraciones en cuatro minutos.

El tribunal se cierra a deliberar y convoca a todo el mundo para mañana a las 10h. Primero expondrá cómo ha resuelto las cuestiones previas y después empezarán las declaraciones con Oriol Junqueras. Una de las sesiones que despierta más expectación.